No, no es el número de muertes violentas que, en lo que va de enero, se aproxima al centenar. Tampoco es el riesgo país, que hoy bordea los 460 puntos, entre los más bajos de los últimos años. 2.115 es el nivel crítico, medido en metros sobre el nivel del mar,  al que, de llegar el embalse, la central hidroeléctrica Mazar deberá salir de operación para evitar daños irreversibles en sus turbinas por el ingreso de sedimentos.

La crisis energética ha sido el fantasma que persigue a esta administración desde el inicio de su gestión. En los primeros apagones de abril de 2024 se apeló al recurso narrativo del “problema heredado”, del boicot político o del estiaje prolongado. Argumentos que pudieron encontrar indulgencia en su momento, pero que hoy resultan cada vez más difíciles de sostener cuando el Gobierno se acerca a su tercer año en el poder sin haber logrado consolidar una estrategia clara y creíble que brinde tranquilidad al sector productivo y a las familias ecuatorianas.

Lo que ayer podía entenderse como una contingencia, hoy empieza a rozar la negligencia. Los desafíos económicos, sumados a una violencia e inseguridad que no ceden, vuelven a verse amenazados por el retorno del fantasma de los apagones. Un escenario que empuja a la ciudadanía a vigilar el cielo, contar metros (estando a escasos 40) y a reactivar viejos reflejos: acaparar focos, encender generadores y asumir que la incertidumbre vuelve a ser parte de la rutina.

En un país donde la estabilidad energética no es un lujo sino una condición básica para el desarrollo, minimizar las señales de alerta es una apuesta riesgosa. La gestión pública exige previsión, transparencia y responsabilidad.