La independencia judicial, ese principio básico del Estado de Derecho, está cada vez peor en el Ecuador.

Y por estarlo, cualquier resolución de quienes administran justicia resulta ser sospechosa. Sobre todo cuando corresponde aplicarla a los políticos, siempre ávidos por manejarla según sus tiempos y sus intereses, por qué no para satisfacer odios y venganzas.

Claro que hay algunos jueces y fiscales, un Consejo de la Judicatura, predispuestos a cumplir órdenes, a hacer mal el deber a propósito. En suma, a torcer el Derecho y traicionar sus conciencias.

En ese marco resulta imposible saber si cualquier resolución judicial, investigación fiscal, se basa en Derecho o para satisfacer al poder político de turno.

No hay ni siquiera un diminuto resquicio para saber cuándo es blanco o cuándo es negro.

Por eso mismo la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, cae en esa diminuta línea. Nadie sabe con certeza si se le aplica la Justicia por merecerla, o se actúa por órdenes políticas.

Distinto sería si hubiera una verdadera y total independencia judicial. Si se supiera, aun a prueba de polígrafo, que los jueces aplican la ley “sin sufrir interferencias, presiones o injerencias de poderes políticos, económicos, sociales o mediáticos”.

No estamos generalizando tampoco.

La intromisión de la política en la Justicia es de vieja data. Las consecuencias son devastadoras. Señales: la pérdida de  seguridad jurídica y la desconfianza ciudadana.

Decir que hay total independencia judicial es ignorar los tejes y manejes para, por ejemplo, controlar el Consejo de la Judicatura, el ente que designa a jueces y fiscales; y, además, los vigila y sanciona, hasta con la destitución.

El concurso para elegir al nuevo fiscal general tiene aquel mismo tufo.

¿Cómo recuperar la independencia judicial de las garras de los políticos, del poder, y quien sabe de qué otros intereses?