La Asamblea Nacional enfrenta una decisión trascendental: archivar o permitir la vigencia de un proyecto de reformas a la Ley de Minería que pone en riesgo el ambiente y debilita la democracia. Presentada como urgente en materia económica, esta propuesta concentra etapas de exploración, flexibiliza controles ambientales y reduce los espacios de participación ciudadana, afectando directamente a comunidades y territorios que dependen del agua y de ecosistemas frágiles.

La reforma vulnera principios constitucionales como la precaución ambiental y el derecho a la participación social, al limitar la capacidad de la ciudadanía de informarse, deliberar e incidir en decisiones que tienen impactos irreversibles. El desarrollo no puede construirse a costa del silencio de los pueblos ni del debilitamiento de la institucionalidad ambiental.

Especial preocupación genera la creación de áreas mineras con protección de seguridad estratégica, que habilitan la intervención de las Fuerzas Armadas en la protección de proyectos extractivos. Esta medida profundiza la conflictividad social y criminaliza la defensa del agua y del territorio.

Ecuador es un país megadiverso, no megaminero. La Asamblea Nacional debe escuchar a la ciudadanía y cumplir su mandato constitucional, proteger la vida.

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