Pasó inadvertida la carta titulada “Por la defensa de la institucionalidad y la confianza electoral”, suscrita por representantes de importantes organizaciones de la sociedad civil.

Como el país vive de tumbo en tumbo, viendo que una noticia desplaza a la otra en cuestión de horas; cuando es visible un manejo sistemático para desviar la atención ciudadana, o surgen decisiones judiciales en las cuales se mezcla la política con la justicia, un pronunciamiento colectivo como el citado pasa a segundo o tercer plano.

Dicho colectivo se hizo eco de la encuesta realizada por Click Research, según la cual el 66,25 % de los ecuatorianos exige la renuncia de todos los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ellos están en funciones prorrogadas, si bien cuentan con la anuencia de la Procuraduría General del Estado, mientras no sean legalmente reemplazados.

Esta prórroga es consecuencia de la negligencia manifiesta del Consejo de Participación Ciudadana, encargado de organizar el concurso para escoger a los reemplazantes.

Tal como están las cosas, es muy probable, o probable mismo, que el actual CNE organice las elecciones de 2027. Y ya dio inicio.

También exponen “que la falta de control y el incumplimiento de las funciones propias de la entidad constituyen razones suficientes para que los consejeros no continúen en sus cargos”.

Para ellos, el CNE atraviesa un proceso de deterioro institucional, producto de “una administración extendida de manera antitécnica, antiética e injustificada”.

Y, cómo no, expresan su preocupación por las fallas en la Unidad Complementaria Antilavado del CNE.

Esa preocupación también la tiene gran parte de ecuatorianos, al ver que no hay control sostenido del financiamiento de las campañas electorales, cuyos topes de gastos resultan irreales.

Los prorrogados tienen sus respectivos suplentes. Por ser objeto de severas críticas, el contenido de la carta debería hacerlos reflexionar.