El Estado ecuatoriano enfrenta una crisis integral de legitimidad. El Ejecutivo no ha realizado ninguna lectura política, como le corresponde, tras su derrota electoral más reciente; clara muestra de su desconexión con las demandas sociales. El Consejo Nacional Electoral, aunque parece intocable –sus autoridades no han sido renovadas, pese al mandato constitucional de hacerlo parcialmente cada tres años –, se ha limitado a procesos electorales, mientras su credibilidad se desgasta. La participación ciudadana se ha convertido en un espacio de manipulación y descrédito. El poder judicial se encuentra cooptado, mientras que el legislativo permanece servil a los intereses de Carondelet que hasta en carnaval trabajan. En este escenario, el país se expone a una apuesta extractivista impulsada por el presidente Noboa, bajo el discurso de “agilidad administrativa” y “destrabe de inversiones”. Esta ofensiva extractivista y centralista que pretende subordinar a los gobiernos seccionales, limitar su autonomía y capacidad de decidir sobre sus presupuestos y decisiones ambientales es un juego peligroso para la democracia. El gobierno debe asumir con seriedad las advertencias que se ciernen sobre su gestión. La posibilidad de una revocatoria del mandato no es un escenario remoto, sino una consecuencia previsible de la falta de diálogo y de la imposición de políticas sin respeto a la voluntad popular ni a las normas constitucionales. (O)
