Finalmente, Mario Godoy renunció a la presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ, horas antes de comparecer ante el pleno de la Asamblea Nacional para enfrentar el juicio político en su contra.
Fue clave la presión ciudadana, de los medios de comunicación, no de todos por su puesto, de la Academia, de los Colegios de Abogados.
Godoy debió renunciar tan pronto como estalló el escándalo tras la denuncia realizada por el juez anticorrupción, Carlos Serrano; igual por el posterior efecto “bola de nieve” en que devino la revelación de que su esposa, abogada de profesión, defendiera a narcotraficantes, así sea en fases preprocesales, dando lugar a un conflicto de intereses.
Empero, se fue horas antes de comparecer en la Asamblea. Aquí debía defenderse dando la cara a sus interpelantes, así muchos de ellos y el movimiento al que pertenecen, tengan “rabo de paja”
Hay los votos suficientes para la censura y la destitución, incluyendo los del oficialismo, cuya posición fue ambivalente, pero le resultó insostenible.
Ahora al país debe preocuparle quién asumirá la presidencia de la Judicatura. Legal y legítimamente le correspondía a Alexandra Villacís. Una estrategia politiquera y, a lo mejor, de intereses poco claros, la dejó fuera; pero presentó una acción de protección con medida cautelar. Ojalá la resolución llegue temprano, como para evitar la incertidumbre.
Hay un presidente temporal, Damián Larco, hasta hace poco director general del Servicio de Rentas Internas (CJ). Es otro personaje cercano al gobierno nacional.
El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, ha enviado al Consejo de Participación Ciudadana la terna para elegir al vocal suplente de Godoy.
Todo este complejo panorama deja entrever el manoseo político, desconociendo, acaso, que el Consejo de la Judicatura, más allá de los nombres, adolece de una crisis estructural y de falta de ética.
