La reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), enviada con carácter económico urgente por el presidente Daniel Noboa, entra en fase decisiva.

Con seis votos afirmativos, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Así votaron los legisladores:

• A favor: Valentina Centeno, Evelyn Pico, Alejandro Lara, Wilson Lozano, Alex Morán, Sergio Peña
• En contra: Diego Salas, Mabel Méndez
• Abstención: David Arias
• Ausente: Steven Ordóñez

El Pleno de la Asamblea Nacional sesionará el 20 de febrero de 2026 en la Universidad Ecotec, en Samborondón (Guayas), para conocer y resolver en segundo y definitivo debate el proyecto de la Ley reformatoria al COOTAD.

La propuesta avanza con respaldo oficialista, pero enfrenta cuestionamientos de prefecturas, concejos municipales y organizaciones sociales.

¿Qué propone la reforma?

La iniciativa establece que los GAD deberán destinar al menos el 70 % del presupuesto a inversión —obra pública, infraestructura, mantenimiento y servicios básicos como agua potable, alcantarillado, saneamiento y vialidad—, mientras que el 30 % corresponderá a gasto corriente, incluidos sueldos y salarios.

También establece sanciones presupuestarias si no se cumplen los porcentajes.

Según el artículo 192 del COOTAD, los GAD reciben el 21 % de los ingresos permanentes del Estado y el 10 % de no permanentes. Con la reforma, podrían reducirse al 15 % y 5 %, en concordancia con la Constitución.

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, defendió la normativa al señalar que se busca mejorar la eficiencia del gasto ya que gran parte de los recursos transferidos a los GAD se destina a gasto corriente.

“Entre 2021 y 2024 el 64 % de los fondos asignados a los cantones se utilizó principalmente para salarios, lo que evidencia una distorsión frente a las prioridades ciudadanas”, dijo.

Centeno sostuvo que la reforma no disminuye los presupuestos de municipios y prefecturas ni altera la regla constitucional de distribución mínima de recursos, sino que reorganiza el gasto y define qué corresponde a gasto de inversión y qué a gasto corriente.

Además, confirmó que las juntas parroquiales quedaron excluidas del alcance de la reforma, tras el pedido del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare).

Yuri Colorado, presidenta de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), respalda el enfoque del proyecto y sostiene que la regla 70/30 está vigente.

«El espíritu de la ley es muy claro: la eficiencia financiera y una disciplina fiscal adecuada que vaya orientada a la ciudadanía», indicó.

Lo que dicen los números en Cuenca

Las cifras de la Proforma Presupuestaria 2026 del Municipio de Cuenca introducen un matiz relevante en el debate.

El presupuesto total asciende a 300,9 millones de dólares, 43,8 millones más que en 2025.

En la estructura de egresos:

• 64,96 % corresponde a inversión.
• 15,71 % a gasto corriente.
• 4,68 % a egresos de capital.
• 14,65 % a aplicación de financiamiento.

Es decir, el gasto corriente no es mayoritario. Además, los egresos de inversión pasan de 164 millones en 2025 a 195 millones en 2026. Solo en obras públicas el aumento supera los 26 millones.

En ese contexto, la discusión técnica se concentra en la clasificación de determinadas partidas y en cuáles rubros podrán contabilizarse dentro del porcentaje de inversión exigido por la reforma.

El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, quien pidió ser recibido en el Pleno de la Asamblea, indicó que eficientizar el gasto no implica atentar contra los más necesitados.

«Si los rubros en conciertos es el problema prohíban eso y solo eso, ¿por qué no lo hicieron? Fácil, porque eso no es lo de fondo, esa es la pantalla para ‘desacreditar’. Lo que quieren es quitar miles de millones en desmedro de los gobiernos subnacionales y sus programas sociales», afirmó.

Partidas

Uno de los puntos sensibles es la exclusión de determinadas partidas del cálculo del 70 %, entre ellas:

• Grupo 71: personal vinculado a proyectos de obra pública
• Grupo 73: estudios y consultorías.
• Grupo 78: transferencias y programas sociales.

Recorte

El prefecto del Azuay, Juan Cristóbal Lloret, sostiene que la reforma pretende recortar 1.000 millones de dólares a prefecturas, municipios y gobiernos parroquiales.

“Hago un llamado a los alcaldes del Azuay para que se pronuncien, porque los principales afectados son ellos. Nosotros, como Prefectura del Azuay, haremos ajustes; eliminaremos mantenimiento vial delegado y presupuesto participativo y cumpliremos con lo que establece la ley”, manifestó.

Lloret aseguró que la Prefectura actualmente destina el 83 % de su presupuesto a inversión y apenas el 17 % a gasto corriente, por lo que cumplir con la regla 70/30 no representaría mayor dificultad.

Sin embargo, advirtió que el impacto será más fuerte en los cantones pequeños.

“Un municipio que recibía un millón de dólares al año ahora tendrá que funcionar con 700.000. No van a poder cumplir. Van a desaparecer los municipios pequeños”, sostuvo.

Sin socialización

Lloret también cuestionó la falta de socialización del proyecto y advirtió que la medida puede dar paso a demandas de inconstitucionalidad por presunta vulneración de la autonomía financiera.

En Azuay, dijo, iniciativas como “Caravanas por la Vida” y 80 escuelas deportivas para más de 5.000 jóvenes podrían desaparecer, afectando a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

El prefecto también cuestionó que la reforma no se aplique bajo un principio de generalidad al Gobierno central.

Señaló que, por ejemplo, el Ministerio de Educación destina el 39 % a inversión. El de Salud apenas el 14,7 %; el de Transporte e Infraestructura, el 88 %; y el Ministerio del Interior, el 68 %.

“Si se aplicara esta reforma al Gobierno central, ¿tendrían la capacidad de cumplir el 70 % de inversión eliminando todas las partidas presupuestarias que se está poniendo en la ley? Que empiecen dando el ejemplo”, concluyó.

Hipólito Carrera, vicepresidente de la AME, planteó que se incorporen como inversión las partidas 71, 73 y 78, para que no sean clasificadas gasto corriente.

“El talento humano que aporta para hacer proyectos, así como el componente social y deportivo, es importante para impulsar el desarrollo en una sociedad venida a menos”, señaló.

Carrera precisó que la aplicación de la normativa será progresiva y comenzará en 2028.

¿Autonomía o control fiscal?

El abogado constitucionalista Santiago Machuca indicó que la reforma rompe la autonomía al delimitar en qué y cuánto gastar.

“La reforma busca decirles desde Economía y Finanzas en qué y cuánto van a gastar. Al establecer que el 70 % del presupuesto debe ir a inversión y redefinir qué es inversión, se prioriza infraestructura y se deja de lado la inversión social, planes y prestación de servicios en áreas sociales”, aseguró.

Agregó que existe “intencionalidad política de debilitar a los GAD, sobre todo a los que están en manos de la oposición”.

Reducción de recursos

La concejala Mónica Pesántez señaló que la reforma provocaría una ruptura en la cadena de pagos, paralización de la obra pública, desempleo local y presión inflacionaria en los territorios.

Advirtió que 84 millones de dólares podrían reclasificarse como gasto corriente, afectando la operación del Tranvía, los hospitales municipales y Farmasol, la seguridad ciudadana y los programas de colaciones escolares.

Sebastián Calderón, representante del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca, señaló que, de aprobarse la ley, se reducirían recursos para programas municipales que benefician a más de 40.000 personas, entre ellas niños, adolescentes, mujeres víctimas de violencia, adultos mayores y personas con discapacidad.

Advirtió que servicios como comedores municipales y casas de acogida —que dan alimentación y protección a menores sin cuidado familiar— podrían desaparecer.

El debate se centra en la definición de inversión. Para el oficialismo, la reforma ordena el gasto y prioriza infraestructura y servicios básicos.

Para prefectos, concejales y organizaciones sociales la redefinición podría limitar la capacidad operativa de los gobiernos locales, afectar programas sociales y tensionar el principio de autonomía establecido en la Constitución. (I)

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