Dos universidades públicas del país enfrentan indagaciones por presuntas irregularidades en sus sistemas informáticos.
En Azogues, la Universidad Nacional de Educación (UNAE) se allanó por disposición judicial dentro de una indagación penal.
En Quito, la Universidad Central del Ecuador detectó alteraciones en las notas de 19 estudiantes de la Facultad de Medicina y anunció acciones internas y externas.
Universidad Nacional de Educación
La Fiscalía Provincial del Cañar, junto con la Policía Nacional, ejecutó un allanamiento en las instalaciones de la Universidad Nacional de Educación (UNAE) en la parroquia Javier Loyola, cantón Azogues.
La diligencia se cumplió en la Dirección de Tecnología de la Información y en la Dirección de Calidad y Evaluación Institucional.
La medida fue autorizada por la Unidad Judicial Penal con sede en Azogues. Esto dentro de un juicio especial, tras un oficio suscrito el 5 de febrero por la Fiscalía.
Según consta en el expediente, el pedido se sustentó en una solicitud presentada por la rectora Maribel Sarmiento Berrezueta.
La investigación se centra en la presunta manipulación del sistema informático institucional, especialmente en concursos de méritos y oposición para plazas docentes y administrativas, así como en posibles cambios de notas y otras anomalías en procesos internos.
Durante el operativo se incautaron más de 20 CPU en el área de Tecnologías de la Información y otros equipos en oficinas administrativas.
Los dispositivos se someterán a peritajes técnicos para determinar si existió alteración de datos o la comisión de delitos informáticos.
Diligencia
César Andrade, fiscal provincial del Cañar, informó que el 4 de febrero funcionarios de la UNAE acudieron a la Fiscalía Provincial para solicitar un acto urgente. El fin fue precautelar indicios relacionados con el presunto cometimiento de un delito.
“De manera inmediata, la Fiscalía dio trámite. Solicitamos al juez las órdenes de allanamiento para ingresar en la UNAE y el 5 de febrero nos presentamos en las instalaciones junto con el fiscal, cumpliendo la orden emitida por la jueza de Azogues”, explicó.
Detalló que se realizó una inspección ocular técnica para fijar los elementos encontrados, identificar los equipos y quiénes estaban a cargo.
“Se efectuará una segunda pericia, que corresponde a la extracción de información contenida en los CPU incautados por la Fiscalía General”, agregó.
Andrade precisó que, el caso se mantiene en el ámbito de la presunción, es decir, aún no existe una acusación formal ni un delito plenamente configurado, sino indicios que deben investigarse y comprobarse.
De confirmarse irregularidades, estas podrían enmarcarse en la Sección Tercera del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que regula los delitos contra la seguridad de los activos y de los sistemas de información y comunicación.
Esta sección comprende los artículos 229 al 234 e incluye figuras como revelación ilegal de bases de datos, interceptación ilegal de información, transferencia electrónica fraudulenta de activos, ataques a sistemas informáticos y acceso no autorizado a plataformas tecnológicas.
Sobre los plazos, el fiscal indicó que se deberá esperar el informe de Criminalística y el resultado de la extracción de información para determinar si se configura alguno de estos delitos.
La administración de la rectora Maribel Sarmiento, que inició funciones en enero de 2026 en la UNAE, ha expresado su predisposición a colaborar con las autoridades. Ratificó su compromiso con la transparencia y el cumplimiento del marco legal en todos los procesos institucionales.
Alteraciones de notas en Universidad Central
En Quito, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador alertó sobre posibles irregularidades en el sistema académico que habrían permitido que 19 estudiantes de la carrera de Medicina aparezcan como aprobados en asignaturas previamente reprobadas. Las materias son Patología, Histología, Embriología y Bioquímica.
La situación fue detectada tras una sesión extraordinaria del Consejo Directivo realizada el 16 de enero. Según el informe del Departamento de Información y Tecnologías, las modificaciones se habrían realizado entre el 21 y 22 de octubre de 2025.
El decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Juan Ocampo, expresó su preocupación, en declaraciones a medios nacionales.
“Es una institución grande, prestigiosa, pero no está exenta a que ocurran estos inconvenientes”, afirmó.
Indicó que el caso podría derivar en responsabilidades penales.
Respecto al usuario vinculado, el decano explicó que la responsabilidad es del titular, ya que las claves son personales e intransferibles. Sin embargo, aclaró que esto no descarta la posibilidad de un uso indebido por parte de terceros. (I)
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