Si el escenario social estuviera marcado por la subordinación progresiva del Estado a los compromisos financieros, y los gobiernos se vieran obligados a responder a los acreedores, antes que, a los ciudadanos y sus necesidades, nos encontraríamos ante una democracia estructuralmente condicionada. Quizá podría admitir el cambio de gobierno mediante el voto, pero en el fondo no permitiría ningún cambio en la forma de administrar el sistema. Tendríamos entonces una democracia electoral en la que se desvanecería la idea de soberanía entendida como la capacidad de modificar las estructuras que organizan de manera equilibrada la vida material de las personas. En esa incapacidad política sobrevendría una fractura entre legalidad y legitimidad: la legalidad continuaría siendo definida por el Estado, pero la legitimidad comenzaría a repensarse en función de aquello que permitiera a las personas sobrevivir. Si la norma perdiera fuerza, sería verosímil imaginar la aparición de órdenes paralelos que impacten en la regulación social, en las formas de generar riqueza y en la propia escala de valores, abriendo la puerta para que la desviación, eventualmente, se convierta en estructura. En ese punto, la democracia abandonaría su vocación pacificadora y devendría en una forma de oligarquía populista, violenta e injusta, que invoca la restauración del orden racional del mercado como principio de estabilidad. La oligarquía sería entonces la forma política que emerge cuando la soberanía democrática queda subordinada estructuralmente a la racionalidad financiera, conservando la apariencia electoral mientras concentra el poder decisorio en sus administradores. (O)
