Que un país como Perú tenga siete presidentes en diez años es sintomático de cómo la inestabilidad política resulta oprobiosa.
Un panorama casi similar al vivido por el Ecuador en la década de los 90, cuando echar, derrocar, declarar loco a un mandatario sin previo diagnóstico médico, se convirtió en deporte nacional.
Cada Constitución, en este caso la del vecino país, prevé las causas para que un presidente sea destituido por el Congreso Nacional.
Empero, investigaciones de la Fiscalía por recibir sobornados; por intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto, devinieron en la destitución de varios presidentes; o como el caso del últimamente cesado José Jerí, por conducta inapropiada en el ejercicio de su cargo.
Su antecesora, Dina Boluarte, fue destituida por incapacidad para el cargo, en medio de protestas por la ola de inseguridad y extorsiones.
Son diez años de inestabilidad sin parangón en la historia peruana, aunque el programa económico es el mismo y con resultados exitosos.
Presidentes que duran apenas dos meses; otros, como el reemplazante de Jerí, José Balcázar, que, si tiene suerte, permanecerá hasta julio próximo, cuando asuma el poder quien será electo.
Una democracia en la cual no impere el canibalismo político, haya respeto mutuo entre las funciones del Estado, se privilegie al país sobre otros intereses, se busquen consensos, no permitiría que el cargo de Presidente de la República no caiga tan bajo, o sea considerado un premio aun para políticos de baja catadura.
Como que se viven tiempos de una caricatura de democracia o de un fundamentalismo democrático, aun con el cuento de que el pueblo tiene derecho a revocar el mandato de un presidente.
Tener carta abierta para aplicar esas prerrogativas mueve a los opositores que, como en el caso del Perú, se unen así caminen por aceras diferentes, para cambiar presidentes como si se tratara de botar canguil quemado.