Una jueza de la Unidad Judicial Especializada en Tránsito con sede en Cuenca declaró culpable a Alexandra Quintanilla Zamora, viceprefecta del Azuay, por la contravención de tránsito de conducir en estado de embriaguez, luego de un operativo de control realizado la madrugada del 28 de febrero de 2026.
De acuerdo con la sentencia que accedió El Mercurio, el hecho se registró aproximadamente a las 00:42, en la Bajada de Todos Santos y Paseo Tres de Noviembre, donde agentes de tránsito ejecutaban un control de documentos y alcoholemia. En ese punto, se detuvo la marcha del vehículo que conducía Quintanilla.
Según el testimonio de la agente aprehensora, al solicitar licencia y matrícula, la conductora se negó a entregarlas y mostró una foto de una licencia que no pertenecía a la viceprefecta. En ese momento, la agente indicó que percibió aliento a licor, por lo que solicitó que se realice el alcohotest y la prueba psicosomática, pero la ciudadana se negó a ambas diligencias pese a que se le advirtió que la negativa se presume como el máximo grado de alcohol.
La sentencia también recoge que, durante el procedimiento, la viceprefecta no colaboró y no quería bajarse del vehículo, por lo que se pidió apoyo a la Policía Nacional. Posteriormente fue trasladada para valoración médica y, según el expediente, terminó en el Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga, donde se instaló la audiencia.
En la diligencia, la defensa pública alegó inconsistencias en la identidad de la aprehendida. Sin embargo, la jueza concluyó que no existían dudas sobre la persona procesada y señaló que ella “indujo al error” a la agente durante el procedimiento, lo que derivó en inconsistencias con sus datos. Además, se incorporó como prueba imágenes y audios del procedimiento, en el que —según el fallo— se observa la negativa a colaborar y a someterse a las pruebas.
Con esos elementos, la jueza determinó la culpabilidad de la procesada por la contravención tipificada en el artículo 385.3 del COIP y dispuso una pena de 30 días de privación de libertad, una multa de tres salarios básicos unificados y la suspensión de la licencia de conducir por 60 días.
Prefecto responde
Juan Cristóbal Lloret, prefecto del Azuay, se pronunció la noche del 28 de febrero a través de sus redes sociales. Lloret dijo que «no es un asunto institucional, ni involucra bienes públicos y no ocurrió en el desempeño de sus funciones». El prefecto agregó que la viceprefecta «deberá responder como ciudadana ante el Juez de Tránsito que corresponda». (I)
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