Después de tres diferimientos, finalmente este 8 de marzo del 2026 se instaló la audiencia de juicio del caso Triple A, en el que se investiga al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a sus hermanos y 13 personas más, además de 6 empresas.

En el marco de las investigaciones, el Alcalde fue trasladado hasta la Cárcel del Encuentro.

La fiscal del caso, Ruth Amoroso, presentó su alegato de apertura, en el que mostró que los procesados incurrieron en el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles.

De acuerdo con los resultados de la investigación de Fiscalía, el perjuicio económico al Estado ascendería a 61 millones 502 mil dólares, correspondiente a 22 millones 777 mil galones de combustible, entre diésel y gasolina.

¿Cómo se produjo el delito?

Según el alegato inicial de la fiscal, el cual ofreció probar durante el juicio, se detectaron inconsistencias en la venta de combustible por parte de estaciones de servicio ubicadas en zonas fronterizas y en sectores con presencia de minería ilegal.

La investigación en este caso se inició tras una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arconel), en julio de 2024, que acusó a Aquiles Álvarez y su familia de venta irregular de combustible subsidiado.

En el reporte se alertó sobre presuntas irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles, que habrían generado un perjuicio económico al Estado ecuatoriano, debido a diferencias significativas entre el volumen de combustible despachado y el facturado por varias estaciones de servicio y empresas comercializadoras.

Compraban más lo que podían almacenar

Los informes periciales determinaron que las capacidades reales de almacenamiento de varias estaciones de servicio no guardan relación con los volúmenes de combustible adquiridos a las empresas procesadas.

En algunos casos, se habría registrado la venta de diésel y gasolina a un mismo vehículo, en volúmenes incompatibles con su capacidad operativa, es decir, compraban más combustible del que podían almacenar y transportar.

“Habrían generado un perjuicio económico al Estado ecuatoriano, debido a diferencias significativas entre el volumen de combustible despachado y el facturado por varias estaciones de servicio y empresas comercializadoras”, afirmó la fiscal.

Permisos irregulares

Aquiles Álvarez fue representante legal con el cargo de presidente y accionista mayoritario de las empresas Codepesa, Corpalubri, Ternape e Indusiesel; las dos primeras son comercializadoras de combustible del segmento automotriz e industrial, respectivamente; mientras que la tercera es una operadora del segmento naviero nacional y naviero internacional.

Según la Fiscalía las autorizaciones obtenidas por las tres empresas para su operatividad habrían sido otorgadas de manera irregular y, luego de obtenerlas de forma ilegal, el alcalde de Guayaquil firmó contratos como representante legal de Codepesa, con los representantes legales de estaciones de servicio fronterizas en Zamora, Loja y El Oro.

Posteriormente, el procesado Fernando V., como primo de Aquiles Álvarez, asumió la representación de Codepesa, Corpalubri, Ternape e Indudiesiel desde el 19 de julio de 2024 hasta la presente fecha, en cuyo período «continuó la operatividad de la infracción».