Nueve grupos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que trabajan en la defensa de los derechos humanos, le remitieron al Gobierno de Ecuador una comunicación en la que le insistieron sobre algunas preocupaciones relacionadas con el uso de los estados de excepción para combatir la violencia.
En la carta, los organismos se muestran “preocupados” por los constantes estados de excepción (suman 21) dictados por el Gobierno de Daniel Noboa, con los que se expande el rol militar en tareas de seguridad interna y se militariza el sistema penitenciario, lo que eleva el riesgo de violaciones de derechos humanos.
“Recordamos que todo uso de la fuerza debe ser proporcional y que la fuerza letal debe limitarse exclusivamente a la legítima defensa frente a una amenaza inminente y letal contra la vida, cuando todos los demás medios, incluida la fuerza no letal, hayan sido agotados”, recalcaron los relatores de la ONU.
Piden explicación sobre los estados de excepción
Desde el 31 de diciembre del 2025 el presidente Noboa decretó un nuevo estado de excepción, en nueve provincias y dos cantones, el cual fue renovado el 13 de marzo del 2026 y se incluyó el toque de queda en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.
En su comunicación, los organismos de la ONU le piden al Gobierno de Ecuador que explique cuáles fueron los hechos, datos y criterios utilizados por el Estado para concluir que la situación actual cumple con los umbrales de intensidad y organización requeridos para la existencia de un conflicto armado no internacional.
“Sírvase describir los mecanismos de supervisión, control constitucional y revisión periódica aplicados para asegurar que la duración, alcance geográfico y material de los estados de excepción se mantengan estrictamente dentro de los principios de necesidad y proporcionalidad, y que no se produzca una suspensión prolongada o de facto permanente de derechos y libertades fundamentales”, señala el comunicado.
Piden garantía de respeto a los derechos humanos
Adicionalmente, los organismos de la ONU le piden al Gobierno ecuatoriano que detalle las directrices y garantías aplicables al empleo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como las medidas que implementará para prevenir “graves violaciones de los derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura” y que, en caso de darse, sean investigadas correctamente.
“Sírvase explicar qué mecanismos específicos, independientes y dotados de garantías de imparcialidad existen para investigar, supervisar y sancionar posibles violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las operaciones”, se recalcó desde la ONU.
ONU reporta 51 desaparecidos
El 12 de marzo del 2026 las autoridades ecuatorianas comparecieron ante el Comité contra la Desaparición Forzada de ONU, en Ginebra (Suiza), donde se confirmó que desde enero del 2024, cuando se decretó el conflicto armado interno en el país, han desaparecido 51 personas en manos de miembros de las fuerzas del orden.
Carmen Villa, relatora del Comité de la ONU, mostró su preocupación por los hechos ocurridos en Ecuador en estos casi dos años, pero, además, planteó interrogantes sobre el toque de queda que actualmente se aplica en el país y pidió la adopción de garantías para evitar abusos por parte de policías y militares.
Abuso militar en vigencia del toque de queda
Este 18 de marco del 2026 el Ejército ecuatoriano reconoció, de manera preliminar, que personal militar participó en la agresión de Bryan Argenis Ledesma, quien falleció; el acto ocurrió en el cantón Milagro, provincia del Guayas.
El Ejército señaló, a través de un comunicado, que los uniformados se encontraban desarrollando operaciones “fuera de su jurisdicción”, sin el conocimiento, ni autorización del escalón superior correspondiente, situación que se encuentra en proceso de investigación.
“En este contexto, el Ejército Ecuatoriano reitera su absoluta apertura y disposición para colaborar con la Fiscalía General del Estado y demás autoridades competentes, brindando todas las facilidades necesarias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades”. señaló la institución.
El caso se conoció a través de redes sociales, en las que se difundió un video en el que el hombre llegó, sin vida, a un hospital del Guayas, transportado por un grupo de militares en una camioneta; según datos proporcionados por la Fiscalía, el joven habría sido agredido físicamente y electrocutado por el personal militar.












