Que la delincuencia organizada, en muchos casos puesta a buen recaudo en otros países, no solo pretenda servir de testigo, sino que hasta acuse al presidente de la república nada menos que de haber recibido financiamiento del narcotráfico para su campaña electoral, rebasa cualquier lógica.

Uno de los delincuentes, miembro de una de las bandas criminales más feroces, tras haber sido detenido en España y luego dejado libre porque las autoridades ecuatorianas no remitieron a tiempo ciertas garantías para cuando sea extraditado, ha realizado tales acusaciones sin presentar pruebas.

Carecen de validez jurídica, pero tienen la fuerza suficiente como para escandalizar y profundizar la polarización que tanto daño causa.

El presidente Noboa, su movimiento político, deben aclarar al pueblo sobre tal acusación, no porque provenga de un sujeto que tarde o temprano deberá rendir cuentas ante la Justicia, sino porque el país requiere saber la verdad.

Aquel escándalo mediático surge justo cuando el régimen golpea a las economías criminales, ha capturado a varios líderes de bandas criminales, ha arrinconado a la minería ilegal, más la incautación de cientos de toneladas de cocaína.

Coincide también cuando el movimiento político del expresidente Correa ha sido suspendido; y sobre su dirigencia pesa la presunción de haber recibido dinero de Venezuela para financiar sus campañas políticas, y los acusados ya son procesados.

Asistimos a un vendaval de hechos inusuales. Por un lado, las declaraciones de un acusado de violación sirven para sustentar aquella presunción contra rivales políticos de los cuales él fue parte. Por otro, las hechas por otro prontuariado en contra del gobernante son rechazadas, pero por sus mandos medios.

Todo esto comenzó cuando a delincuentes sentenciados, a otros procesados o investigados, se les permitió servir de testigos, para que denuncien o simplemente para que enloden a los enemigos políticos.