Jenny Bermeo, concejal de Cuenca y presidenta de la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana, alista una propuesta de ordenanza para prevenir el consumo de sustancias en los espacios públicos.
Sin embargo, esta iniciativa legislativa no es nueva, pues de acuerdo con Bermeo, Cristian Zamora, actual alcalde de Cuenca, fue uno de los promotores de esta propuesta cuando era concejal.
“Hemos estado trabajando en la propuesta que hizo el mismo alcalde, donde se indicaba incluso la conformación de una mesa técnica, pues la adicción es un problema de salud pública…”, señaló.
Ahora, tras meses de análisis, se busca una normativa que sea realmente aplicable en esta ciudad, donde según la Policía Nacional, la marihuana es la droga más consumida.
Para la edil, las adicciones son un problema de salud pública que debe ser tratado por el Ministerio de Salud Pública (MSP), pero el Municipio de Cuenca también puede aportar.
Reforma
Una de las opciones es reformar la Ordenanza que Regula la Utilización de los Bienes de Uso Público del cantón Cuenca en Cuanto a la Compra, Venta, Permuta, Entrega Gratuita y Consumo de Bebidas Alcohólicas.
El objetivo es trabajar con la Guardia Ciudadana de Cuenca (GCC) para incluir en este cuerpo legal la prohibición del consumo de sustancias estupefacientes en espacios públicos.
Más allá del control, según la concejala, el propósito es que esta ordenanza tenga un eje informativo vital. Es necesario recolectar datos sobre qué sucede en Cuenca para tomar decisiones basadas en cifras reales.
Reconoció que hay gran preocupación por denuncias en exteriores de escuelas. Se reporta venta y consumo de drogas, lo que requiere acción coordinada entre instituciones y la unidad de antinarcóticos.
Respecto a las sanciones, Bermeo aclaró que se contempla una contravención administrativa por el mal uso y la ocupación indebida del suelo en los espacios públicos.
Sanciones
Las sanciones planteadas son económicas y varían según la gravedad. Las multas oscilarán entre el 10 % y el 15 % de un Salario Básico Unificado (SBU), es decir, entre 46 y 69 dólares.
La Policía Nacional ha solicitado este marco legal hace tiempo para actuar con eficacia. El objetivo compartido es limpiar los parques y las plazas del consumo de estas sustancias.
No obstante, un obstáculo ha sido la ambigüedad de la «tabla de drogas». Hay confusión sobre si sigue vigente o fue derogada por el Gobierno Nacional, lo cual ha retrasado la aplicación de la normativa local.
Experta
Para Irma Vega, médica e investigadora en prevención de adicciones, los municipios cumplen un papel fundamental en la prevención del consumo de drogas al impulsar espacios seguros, programas educativos y actividades recreativas.
“Además, pueden coordinar campañas permanentes de información, capacitación a familias y apoyo comunitario, promoviendo entornos protectores donde se detecten a tiempo factores de riesgo y se refuercen hábitos saludables…”, indicó.
Concluyó: “También es fundamental que los municipios articulen acciones con escuelas, centros de salud y organizaciones sociales para desarrollar políticas públicas sostenidas en este ámbito…”
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