Este 24 de abril del 2026, a las 17:00, el Pleno de la Asamblea Nacional sesionará y tendrá como único punto del orden del día el análisis del oficio enviado por la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en el que se solicita el levantamiento de la inmunidad de la asambleísta Diana Jácome (Acción Democrática Nacional, ADN), para poder juzgarla por calumnias.
Para que proceda la demanda que el asambleísta Juan Andrés González (Revolución Ciudadana, RC) presentó en contra de Jácome, se requiere de 101 votos, es decir, la legisladora está prácticamente salvada del juicio, pues sin los legisladores de ADN es imposible que el correísmo consiga los votos necesarios.
Jácome aseguró estar tranquila, no solo porque no existen los votos para levantarle la inmunidad, sino porque asegura que la querella que presentó González “no tiene fundamento”, por esto, afirmó, la queja que le presentó por este mismo tema fue archivada en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), donde ADN es mayoría.
De qué le acusa González a Jácome
El juez de la sala penal de la CNJ, Marco Aguirre, pidió que se levante la inmunidad parlamentaria de Jácome para poder investigarla por calumniar a González, a quien la legisladora acusó de un supuesto cobro de “diezmos” a sus colaboradores y le anticipó que irá a prisión.
Tras ser denunciada, Jácome no ha bajado el tono con González, el 21 de abril del 2026 lo llamó “parásito del Estado”, porque en lo que va del período legislativo, de casi un año, no ha presentado ninguna propuesta de reforma de ley, no asiste a las sesiones y además recibe viáticos de residencia por 1.400 dólares, pese a que no se encuentra en Quito.
“El señor González sigue de gira por España, no viene a trabajar, su puesto está vacío”, afirmó la legisladora del oficialismo, quien señaló que el asambleísta está lucrando del Estado.
Los casos se tratan diferente
Mientras se espera que Jácome se libre de enfrentar un juicio penal, por no tener los 101 votos para levantarle la inmunidad, Juan Andrés González no corrió la misma suerte, pues, aunque tampoco se tuvo la votación necesaria, su caso sí progresó y actualmente es investigado por concusión, es decir, abusar de su cargo para exigir o solicitar dinero u otros beneficios (diezmos).
En una primera votación no se alcanzaron los votos para levantarle la inmunidad a González, pero, en un segundo intento de la CNJ el presidente de la Asamblea Nacional decidió no convocar al pleno para tratar el tema, lo que el juez tomó como un silencio legislativo y procedió al enjuiciamiento del legislador.
No se tratará el caso de Mónica Palacios
Al igual que le pasó a Juan Andrés González, su compañera de bancada, Mónica Palacios, correrá la misma suerte; la presidenta encargada de la Asamblea, Mishel Mancheno (ADN), no ha convocado al Pleno para tratar el pedido de levantamiento de inmunidad, pese a que este 24 de abril del 2026 vence el plazo que dio la CNJ.
La banca de la RC se pronunció sobre el tema, se señaló cómo desde ADN se usa la justicia como una herramienta de persecución para los miembros del correísmo, mientras que a sus coidearios los protegen.
“La inmunidad parlamentaria no es un privilegio, la inmunidad parlamentaria nos protege para nosotros decidir y tener un criterio y poder realizar una fiscalización sin miedo, para debatir, para poder investigar, pero no puede ser utilizada como una herramienta de persecución”, señaló la asambleísta Patricia Núñez.
El juez Felipe Córdova, de la CNJ pidió a la Asamblea Nacional que retire la inmunidad parlamentaria a la asambleísta Mónica Palacios, para poder procesarla por calumnia, de lo que le acusó Cynthia Gellibert, secretaria de la Administración Pública.
Palacios acusó a Cynthia Gellibert de usar a Jenny Ramírez, hija de su empleada doméstica, para adquirir un terreno de 93 hectáreas en el cantón La Libertad, de Santa Elena.
Un tratamiento selectivo
María Andrea Coronel, investigadora de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señaló que actualmente la Asamblea Nacional atraviesa una tensión entre lo jurídico y lo político; desde lo legal, las decisiones deberían sujetarse a lo que establece la Constitución y la Ley respecto a la inmunidad parlamentaria, pero en la práctica, lo que predomina es la lógica política.
“Y ahí radica la mayor preocupación, las decisiones sobre el levantamiento de la inmunidad no están respondiendo a criterios jurídicos consistentes, sino a cálculos partidistas. Adicionalmente, cuando no se alcanzan los votos, se recurre a interpretaciones forzadas o a la distorsión de los procedimientos parlamentarios”, afirmó Coronel.
Precisamente sobre el caso del asambleísta Juan Andrés González, para la experta el presidente de la Asamblea dio paso a la aplicación arbitraria del llamado “silencio legislativo”, permitiendo que una decisión ya conocida y votada produzca un efecto distinto por la inacción administrativa, lo cual vulnera principios básicos como la seguridad jurídica y la legalidad.
Según lo que dice el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el artículo 128 de la constitución, quien debe de decidir si se le quita o no la inmunidad a un asambleísta es el Pleno de la Asamblea Nacional.
