¿Pero de qué sirve para la gente? ¿Con qué se percibe o confronta? ¿Hacia dónde camina o de qué se trata? ¿Es un sentido auténtico o repetido?

Seamos serios. La institucionalidad no es un discurso. Implica la comprensión de mínimos para el desarrollo y sentido de la gente. De la población. De la comunidad. De los espacios de integración y progreso. De la visión y bienestar. Del camino. Del futuro. De la estabilidad y sentido de lo propio. De la ilusión y salud. De mejores días. Pero, por supuesto, también se trata —y, por sobre todo— de ética y dignidad.

La institucionalidad se configura más allá de una persona, de sus características, de sus afectos, de sus desafectos, de sus deseos, de su buen o mal genio, de su expectativa propia, de su personalismo o vanidad. Es mantener, conservar, accionar y decidirse por causas comunes. De largo trayecto y alcance. Que rebasan un afán. Que superan una temporalidad. Que miran sostener programas, condiciones, afianzar visiones y no mínimos, sino máximos. Desde principios superiores. Más elevados. Desde valores altos. Desde objetivos misionales de la organización.

Es cuidar al órgano. Así, a la persona. El futuro. Configura el respeto a lo propio —pero no entendido como un deseo personal—, sino como un sentido de causa común. De cuidado común. Desde lo que existe hacia lo que debe aún existir. Respeto al ordenamiento jurídico, a la autonomía organizativa, a los procesos y decisiones de jueces y funcionarios serios. No a la “sapada”.

La institucionalidad supone pensar en todos. Para todos. No violando la ley, ni buscando cómo hacerlo. De hecho, parafraseando a Bobbio, la democracia se mantiene viva en donde el respeto prima, así como la consecuencia y el sentido de lo común. De lo comunitario. (O)

@jchalco