Sebastián Calderón, secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, estuvo en el programa Voces del Sur de Diario El Mercurio para hablar sobre la situación actual del sistema educativo cantonal y los casos de violencia registrados en las instituciones educativas.
Denuncia infraestructura deteriorada, falta de insumos básicos y protocolos de protección que no se activan ante casos de violencia. Hizo un llamado al Ministerio de Educación para una mayor coordinación y a la Función Judicial para actuar con celeridad, porque sin investigación no hay justicia ni reparación real para las víctimas.
¿Qué está pasando dentro de las instituciones educativas?
Este mes se han conocido públicamente varios casos dentro de las instituciones educativas, situaciones que vienen ocurriendo hace tiempo pero que la coyuntura de seguridad ha opacado. Hablar de educación es hablar de la esperanza de una nueva sociedad. Es la etapa más importante de niños, niñas y adolescentes, donde no solo adquieren conocimiento académico, sino que forjan su futuro. Por eso es trascendental hablar de educación y protección de derechos para que esta situación que vivimos hoy pueda cambiar.
¿Cuál es el rol del Consejo de Protección de Derechos ante vulneraciones?
Trabajamos en articulación con las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, quienes dictan medidas de protección cuando existen presuntos hechos o riesgos de vulneración, para que las víctimas se sientan protegidas mientras se realiza el proceso investigativo. Nuestro eje principal es la prevención. Actuamos para que las autoridades competentes —judiciales, Fiscalía, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud— puedan llevar sus procesos mientras las personas están protegidas.
¿Qué han detectado en las unidades educativas?
La ley establece que los textos deben entregarse antes de que inicie el período escolar. Este año 2025-2026 esto no se cumplió: fueron entregados cinco meses después de comenzadas las clases. Esto habla directamente de la calidad de la educación, especialmente en escuelas fiscales donde estudian niños en condición de pobreza, quienes ya tienen menos oportunidades y merecen las mismas condiciones que cualquier otro.
Encontramos problemas básicos de salud e higiene. El Ministerio de Educación no proporciona detergentes, cloro, ni papel higiénico. Pero lo más preocupante es que en algunas unidades los baños no garantizan la intimidad de los niños y niñas, y hemos conocido casos de violencia sexual ocurridos dentro de los planteles y estos son factores que generan mayor riesgo.
Sobre la infraestructura, el Ministerio sostiene que el deterioro se da por el paso del tiempo, lo cual es comprensible, pero es responsabilidad dar mantenimiento para evitar riesgos. Algunas unidades están parcialmente bien, pero no por intervención del Ministerio, sino porque los padres de familia han invertido en infraestructura de educación pública.
¿Han coordinado acercamientos con el Ministerio de Educación?
Hemos intentado varios acercamientos y les hemos puesto formalmente en conocimiento de todo. Ellos conocen la realidad. Hasta hace aproximadamente dos años teníamos una buena articulación, con retos y diferencias, pero siempre priorizamos a los niños. Lamentablemente, últimamente esa coordinación se ha complicado. De nuestra parte, las puertas siempre están abiertas.
¿Cuáles son los protocolos cuando hay un hecho de violencia?
El primero es cuando el hecho ocurre en flagrancia, es decir, dentro de las 24 horas. Ahí corresponde llamar a la Policía Nacional para que llegue al lugar, tome procedimiento y, de ser necesario, traslade a la persona agresora a la unidad de flagrancia para que el juez actúe.
El segundo es el protocolo de protección, donde intervenimos nosotros junto con el Ministerio de Educación, dictando medidas como prohibición de acercamiento, boleta de auxilio y suspensión temporal de funciones del presunto agresor. Estos dos caminos son diferentes pero deben caminar juntos para generar una protección real a las víctimas.
Cuando me refiero a los protocolos de protección, es donde entramos las autoridades administrativas, las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, y el ente rector, que es el Ministerio de Educación a través de sus autoridades y la Coordinación Zonal. Ellos son, en un primer momento, los encargados de cuidar lo que está pasando cuando existe vulneración de derechos.
En el caso de la Unidad Educativa Carlos Crespi de Miraflores. ¿Qué pasó?
Este caso de agresión sexual genera un cuestionamiento a la activación de rutas y protocolos, y también a la indiferencia de algunas autoridades educativas. El hecho ocurrió dentro de la institución, en flagrancia. La víctima alertó a personas del plantel y, en lugar de activar los protocolos, la primera reacción fue increparlo a la niña y preguntarle si estaba segura de lo que decía.
Cuando hay violencia sexual, es ya muy difícil que las víctimas denuncien por vergüenza y temor. Luego intentaron activar solo el protocolo de protección, cuando lo que correspondía era también llamar a la Policía. Eso no sucedió, y no es un hecho menor.
¿Qué consecuencias tuvo no haber llamado a la Policía?
La consecuencia de esto, hasta el momento tenemos una presunta impunidad. Los padres han sido claros: aquí no hay un presunto agresor, hay un agresor; nosotros confiamos en nuestras hijas.
A consecuencia de esa omisión, la noche del lunes (25 de mayo de 2026) un grupo de padres salió a buscar al agresor por su cuenta a una vivienda en la ciudadela Kennedy. Eso no puede ser. La búsqueda del agresor es obligación de la Policía, no de las familias.
La falta de activación de los protocolos de manera adecuada genera impunidad y dificulta el proceso que corresponde a la Función Judicial.
Nosotros queremos ver que la fiscalía emita las órdenes, que la Policía detenga al agresor, pero necesitamos celeridad, rapidez, que no haya indiferencia.
¿Cuánto puede demorar el proceso judicial?
No me atrevo a dar tiempos porque corresponde a la autoridad judicial. Pero hago un llamado a que sean sumamente rápidos y céleres. La protección es importante, pero sin investigación y sin sentencia no hay justicia real.
Además, el caso comenzó con una presunta víctima y fueron apareciendo más. Para que ellas puedan dar sus relatos hay que crear espacios de confianza, porque tienen miedo, vergüenza, y preocupaciones.
¿Se ha emitido ya boleta de captura en el caso de la escuela Carlos Crespi?
Al tratarse de violencia sexual contra niños y niñas, el proceso es de carácter reservado.
Pero sí puedo decir que hay un sentir colectivo de la ciudadanía de que los procesos dentro de la Función Judicial y la Fiscalía tienen que ser más rápidos y oportunos.
Me pregunto qué hubiera pasado si ayer efectivamente encontraban al agresor: ¿estaba emitida la boleta de captura? ¿Se había concluido la investigación previa? Esto tiene que ser rápido para poder actuar y que no quede en una situación meramente mediática.
Nosotros dictamos las medidas de protección, eso nos corresponde, pero no es suficiente. Necesitamos el otro camino para poder generar una justicia y una reparación real. Es necesario que las autoridades judiciales estén mucho más atentas y cercanas a las personas, porque es un proceso que no es fácil para nadie.
Si solo quienes estamos informando de estos hechos sentimos el peso de la situación, imaginémonos cómo están las familias que lo están viviendo.
Hubo también un caso de bullying que terminó en suicidio de una estudiante. ¿Cómo continúa este proceso?
En este caso, que también es de conocimiento público, también llegaron al Consejo de Protección de Derechos un grupo de padres de familia que solicitaron intervención.
Algo que nos alarmó y fue la primera alerta de que estaba pasando algo grave fue un mensaje que falseaba la verdad, proveniente de una de las autoridades educativas del plantel, donde se les ordenaba a los padres que no dieran declaraciones a nadie porque el caso estaba en Fiscalía para investigaciones. Eso era falso. La Fiscalía no conocía hasta ese momento del hecho.
Al haberse generado un suicidio, esto no se vincula como delito directamente. Sin embargo, los padres empezaron a recibir represalias por la intervención que nosotros estábamos haciendo.
Nos preocuparon declaraciones públicas en las que se decía que no habían recibido reportes al respecto, o que la situación podía vincularse a algo familiar. Nosotros visitamos personalmente a la familia del estudiante, y ellos indicaban que habían advertido tantas veces a la institución, pero no se había hecho absolutamente nada.
La institución manejaba un expediente interno, pero no activó los canales correspondientes.
¿Qué acciones se tomaron?
Recabamos la información y oficié personalmente al Coordinador Zonal para que se facilitara la investigación, porque si alguien quería tapar los hechos, necesitábamos destaparlos para tener un diagnóstico real y no solapar lo que estaba pasando.
No recibimos respuesta, por lo cual decidimos hacer una acción judicial, ante la cual la jueza se pronunció y se dictaron 10 medidas cautelares, porque en un espacio donde hay violencia es muy probable encontrar otras víctimas y también agresores. Además, se suspendió en funciones al docente tutor, la inspectora y al DECE, para no entorpecer las investigaciones.
Lo peculiar de todo esto es que todas las acciones que nosotros hacemos también son obligación y responsabilidad del Ministerio de Educación como ente rector. Actualmente hacemos un llamado respetuoso, cordial y firme para que el Ministerio de Educación actúe más rápido. Ellos están en su casa, tienen la documentación a mano.
¿Qué cifras manejan de violencia en el ámbito educativo?
En 2025 recibimos más de 4.000 casos de violencia física, psicológica y sexual en ámbitos educativo, familiar y laboral.
Con corte a la tercera semana de mayo, en lo que va de 2026 llevamos aproximadamente 320 casos de violencia detectados dentro del ámbito educativo, que abarca diversos tipos de violencia: física, psicológica y sexual.
Los responsables de esta data, el Ministerio de Educación, la tienen que transparentar. Más allá de eso, es importante hablar de este tema, poder visibilizar lo que ha estado pasando.
Pero hay que recordar que la violencia tiene subregistro: no todas las víctimas denuncian.
¿Qué ocurrió con la agresión a la docente dentro de un espacio educativo en horas de clase?
También ocurrió en flagrancia y tampoco se llamó a la Policía para que fuera trasladada a flagrancia y la jueza pudiera determinar la situación.
Tampoco se denunció de manera inmediata dentro de la institución educativa. Dictamos medidas de protección en contra de la madre de familia agresora, de carácter preventivo, y pusimos el caso en conocimiento del Ministerio de Educación.
Y ahí también recibimos una noticia que nos llama a pedir a las autoridades que sean más conscientes, empáticas y cercanas a lo que está pasando. La maestra recibió una resolución que, en líneas generales, le decía que para qué hizo el hecho de conocimiento público, que tiene las medidas de protección que ya dictó la Junta, y que se atenga a esas medidas.
Si yo soy el docente agredido, lo primero que solicito es un cambio de plantel. Hasta el momento no le han dado cambio de institución y, a consecuencia de esto, la docente agredida enfrenta un proceso administrativo dentro de la misma institución.
¿Cómo resume el diagnóstico del sistema educativo?
Saquen sus conclusiones frente a todo lo que hemos conversado. Estamos para que nos informen y podamos conocer cómo trabajan cada una de las instituciones educativas.
Nosotros estamos en el área de prevención. Actualmente somos la institución con menor tiempo de respuesta, es decir, la que más rápido hace las actuaciones para precautelar el bienestar de las personas. Nos encantaría poder solventar el tema de infraestructura y libros, pero eso tiene un responsable y es el Ministerio de Educación. Lo que a nosotros nos corresponde, según establece la ley, es estar en proceso de observancia, vigilancia y exigibilidad.
Decirles a los padres y madres de familia que conversen con sus hijos. Créanles siempre. Nunca duden de lo que ellos están diciendo. Activar de manera oportuna los mecanismos de protección puede evitar un sinnúmero de situaciones como las que estamos viviendo hoy. (I)
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