Incrementos patrimoniales millonarios, aumentos importantes en términos de porcentajes, montos con variaciones inexplicables y autoridades que continúan al frente de sus empresas son algunos de los trazos más destacables de quienes gobiernan provincias y ciudades.

Autoridades que en apenas un año compraron varios lotes de terreno y casas, vehículos de alta gama, ganado y hasta equipo caminero conforman el detalle de estos incrementos a lo largo del mapa de los alcaldes y prefectos del país.

Un lienzo permeado por la violencia impuesta por los grupos de delincuencia organizada (GDOs) para controlar el territorio y expandir su economía ilegal. Cinco alcaldes han sido asesinados en ataques estilo sicariato o en situaciones aún no esclarecidas, en tanto que otros cinco han sufrido atentados.

También por indicios de corrupción que investiga la Fiscalía. Tres alcaldes están en prisión procesados por peculado, delincuencia organizada o lavado de activos, ellos presiden los cantones de Pujilí, Esmeraldas y Guayaquil. Por el momento los reemplazan alcaldes subrogantes. Otro, el de Riobamba, sigue en funciones, en espera de su audiencia de juicio.

Además, una prefecta renunció antes de culminar su periodo, la de Guayas.

Una mirada en detalle a los registros públicos de estas autoridades —en total 225 alcaldes (222 más tres subrogantes) y 23 prefectos (Galápagos no lo tiene)— encontró 79 casos de saltos patrimoniales inusuales, registrados en sus declaraciones juradas realizadas ante la Contraloría General del Estado. 

De las 248 autoridades analizadas, 68 tienen acciones o participaciones en compañías activas, según los registros de la Superintendencia de Compañías. Además, 29 de los 248 son administradores de empresas, combinando su función pública con su actividad privada. 

Alrededor de la mitad de los alcaldes y prefectos del país ha estado inmerso en procesos judiciales, muchos de ellos archivados. Tres alcaldes están detenidos y un cuarto tiene un auto de llamamiento de juicio.

Spondylyus Info Lab presenta esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa, elaborada gracias a una beca de producción periodística del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Treinta y siete medios de comunicación se han unido para difundir esta información. En la nota metodológica se explican las fuentes utilizadas y el procedimiento. 

Millonarios saltos

El caso más llamativo es el del alcalde de Esmeraldas, el empresario y abogado Vicko Villacís Tenorio, que llegó a ese cargo por Unión por la Revolución Ciudadana. En 2023, cuando hizo su primera declaración patrimonial jurada tasó su fortuna en USD 1.442.301. Al año siguiente, el alcalde fijó su patrimonio en USD 4.314.426, es decir un incremento de casi el triple. Para 2025, declaró un valor un poco menor: USD 4.209.579, de los cuales más de USD 2 millones correspondían a maquinaria y equipo y USD 713.543 en cuentas bancarias. Es accionista de dos empresas activas y en una de ellas es también administrador.

El lunes primero de junio, esta alianza periodística pidió su versión al alcalde a través de un correo electrónico, pero al día siguiente la Fiscalía lideró un operativo y lo arrestó el miércoles. Es investigado por presunto lavado de activos. La semana pasada la concejala Laura Yagual Salazar asumió como alcaldesa subrogante.

Otros dos alcaldes que cumplen su primer periodo presentan variaciones patrimoniales importantes, ambos son de Manabí. El de Rocafuerte, Norberto Vélez Bazurto (Rocafuerte Nueva Visión), declaró USD 3.408.400 al inicio de su gestión y al año siguiente indicó USD 3.740.900, lo que representa un aumento de USD 332.500 en un año. En 2025, en cambio, el empresario mantuvo ese valor sin variaciones.

El doctor Vélez señaló vía telefónica que el incremento en su patrimonio se debe a que el terreno de su propiedad donde funciona el Hospital de Sanación Energía y Vida que dirige se ha revalorizado por ampliaciones realizadas. Al momento la clínica cuenta con 20 camas y trata varias especialidades con medicina oriental y occidental, tiene un centro para la tercera edad, destacó. Además de ese negocio, Vélez vende productos farmacéuticos y posee una radio.

A su vez, Ledy Laura Muñoz (Alianza por la Unidad Bolivarense), de Bolívar (Calceta), se posesionó con un patrimonio de USD 1.592.838, que aumentó a USD 1.867.080 en 2024 (USD 274.242 de incremento) y al año siguiente retrocedió a USD 1.708.006. Muñoz no tiene relación con compañías.

Junto con estos tres alcaldes millonarios, está el de Naranjito, el médico Cristian Suárez Peñafiel (PSC), cuyo patrimonio fue cero dólares en 2023, pero siguió en constante aumento: USD 454.775 en 2024 y USD 637.076 en 2025. Posee tres casas, una en Santa Elena, y cuatro vehículos valorados en USD 120.000.

En ocasiones, estos saltos patrimoniales no se dan en el primer año de gestión, sino en el segundo. Es el caso del alcalde Naranjal y de la prefecta de Cotopaxi. 

Juan Carlos Rivera, comerciante de 46 años que llegó a la alcaldía por CREO, no aumentó significativamente su patrimonio entre 2023 y 2024, cuando declaró USD 1.179.321. En cambio, al año siguiente registró USD 1.871.650 (un incremento de USD 692.328); entre sus bienes incluyó 27 propiedades, entre casas, solares, fincas y terrenos. Lourdes Tibán (Pachakutik), en cambio, pasó de un patrimonio de USD 677.729 en 2024 a USD 940.656 en 2025 (un aumento de USD 262.927,21). Sus activos se concentran en inversiones por USD 495.373 y un total de 21 bienes inmuebles. Ni Rivera ni Tibán tienen acciones en compañías.

A su vez, existen otras autoridades que ya van por su segundo periodo y que también registran cambios importantes de patrimonio. Son los prefectos de El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos.

El ingeniero civil y abogado Clemente Bravo Riofrío (56 años) ganó la prefectura en 2019 y tiene su propio partido político SUR. Comenzó con un patrimonio de USD 490.691 que se situó en un pico de USD 5.768.451 en 2023 y después retrocedió a USD 1.312.049 según su última declaración de 2025. Camaronero, acumula más de dos décadas en cargos públicos, primero como alcalde de Santa Rosa por 18 años.

La prefecta de Santo Domingo, Johana Núñez García, registra cambios grandes. En 2019 declaró un patrimonio de USD 1.267.150, que al año siguiente se duplicó con creces llegando a USD 3.091.856 y en 2021 subió a USD 4.970.058. Sin embargo, cuando asumió su segundo periodo su patrimonio había disminuido a USD 2.524.657 y en 2025 declaró casi lo mismo. Llegó por la alianza Somos Todos (RC- Construir). Entre sus bienes detalló una casa y un terreno en Santo Domingo, un departamento y un galpón en Guayas, y un vehículo valorado en USD 100.000. Entre 2021 y 2025 mantuvo un RUC asociado a ventas por televisión y servicios de comunicación visual, pero no ha tenido acciones en compañías.

El tercer prefecto es Jhonny Terán Salcedo (PSC), de Los Ríos, que a diferencia de sus colegas mantiene un crecimiento sostenido desde 2019. Al inicio de su gestión declaró 1.067.896 y en 2025 USD 2.993.323 (un incremento de USD 1.925.427). Empresario de 65 años, Terán posee acciones en cuatro compañías, dos agrícolas (arroz y banano), una fábrica de puertas y ventanas, y una gasolinera.

En el otro extremo hay quienes perdieron patrimonio al culminar su primer año de gestión. Así, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez (RETO-RC), tuvo un retroceso en su patrimonio de USD 1,8 millones. Al inicio de su gestión, Álvarez declaró USD 7.730.592, al año siguiente USD 5.870.330 y en 2025 sí lo aumentó a USD 7.431.403. Álvarez fue llamado a juicio en el caso Triple A, junto con 15 personas y seis empresas por presunta comercialización ilegal de combustible a través de comercializadoras y gasolineras, y tiene una instrucción fiscal, caso Goleada, por el presunto delito de lavado de activos. 

Según informes de la UAFE, Álvarez habría adquirido USD 6,2 millones en bienes en Santa Elena y departamentos en Samborondón, que no constan en sus declaraciones patrimoniales. Tampoco un Mercedes Benz G 500 del año 2023 valorado en USD 325.000, a pesar de que está a su nombre. Como subrogante, al frente del cantón Guayaquil, ejerce su coidearia Tatiana Coronel.

El alcalde de Echeandía, Carlos Viscarra Vega, en cambio, perdió USD 1,3 millones en el primer año de gestión y no se ha recuperado. Al iniciar su periodo indicó que su patrimonio llegaba a USD 4.233.254, en 2024 lo tasó en USD 2.863.504 y en 2025 declaró USD 2.607.715.

Spondylus Info Lab trató de obtener la versión de estas autoridades sin resultados.

¿Qué hay detrás de las cifras?

La Contraloría pone a disposición de los funcionarios públicos formularios para que detallen sus activos y deudas, la diferencia es el patrimonio que deben declarar antes de asumir sus cargos. Además, existe la obligación de presentar declaraciones periódicas, generalmente cada dos años. Estos archivos son registros públicos.

Los saltos abruptos podrían darse por varias razones, explica el politólogo Pablo Medina, de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). La más benigna es un error de tipeo al momento de llenar el formulario, pero también podría suceder que inicialmente subvaloraron bienes por lo que se corrigió el error y otras hipótesis podrían ser porque recibió una herencia o porque posee acciones en compañías rentables.

En efecto, en esta investigación algunos alcaldes respondieron al pedido de contrastación de esta alianza periodística señalando que se trataba de un error de digitación, que se había corregido al siguiente año, por lo que su patrimonio había disminuido considerablemente.

Sin embargo, advirtió Medina, la declaración patrimonial de los funcionarios públicos es un factor importante para fiscalizar a quienes nos gobiernan y, en todo el mundo, se la toma como un índice contra la corrupción. “Un alcalde que solo vive de su sueldo de funcionario público difícilmente podría triplicar su patrimonio, las matemáticas son las matemáticas”, anotó.

La Contraloría debería tener un sistema informático de alerta temprana, para detectar si hay un movimiento inusual, algo así como lo que sucede en el sistema financiero; luego hacer la contrastación con las declaraciones anteriores para determinar las razones, señaló el abogado Mario Herrera. Resaltó que ahora que el formulario es digital es mucho más fácil poder extraer la información y hacer comparaciones entre una declaración y otra. Cuando se registre una situación anómala, las alertas deberían saltar enseguida, acotó.

¿Quién controla a los que nos gobiernan?

Quien le debe pedir cuentas al alcalde es el Concejo Cantonal y al prefecto, el Consejo Provincial. Estos son los órganos legislativos del territorio, respondió Medina. El politólogo advierte que, a diferencia del presidente de la República, que tiene a su cargo la política pública nacional, en el caso de los cantones, es el concejo cantonal, el cuerpo colegiado, y no el alcalde.

Por eso, señaló, el alcalde se convierte en una especie de primer ministro del concejo. Lo mismo sucede con el prefecto, cuya competencia atañe las áreas rurales del país. Sus jueces políticos no son los asambleístas. Sin embargo, más allá de la organización institucional, los principales fiscalizadores son los ciudadanos.

29 alcaldes y prefectos siguen al frente de empresas

Veintinueve alcaldes y prefectos del país se mantienen al frente de empresas en calidad de administradores, es decir que combinan sus actividades de funcionarios públicos con las empresariales. Además, de todas las autoridades subnacionales analizadas en esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa, 68 tienen acciones o participaciones en compañías activas, según los registros de la Superintendencia de Compañías.

El marco legal tiene un resquicio y si bien muchas autoridades analizadas en este reportaje han renunciado a la administración de sus empresas poco antes o después de asumir su cargo público, otros no. Ellos siguen usando los dos sombreros: son autoridades y empresarios.

La Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) contempla varias prohibiciones para los funcionarios públicos pero ninguna impide explícitamente ser administrador de una compañías. En el artículo 24, literal b), la Losep señala que los funcionarios públicos no pueden “desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario de trabajo para el desempeño de sus labores”. La norma cita excepciones como realizar estudios o ejercer la docencia.

Además, en el literal i) del mismo artículo se indica que los funcionarios públicos no pueden “mantener relaciones comerciales, societarias o financieras, directa o indirectamente, con contribuyentes o contratistas de cualquier institución del Estado, en los casos en que el servidor público, en razón de sus funciones, deba atender personalmente dichos asuntos”.

Del análisis realizado por Spondylyus Info Lab, cuatro autoridades subnacionales son los que más relaciones con compañías activas mantienen por ser accionistas o administradores.

La lista la encabeza el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, que según la Superintendencia de Compañías, mantiene relaciones como accionistao administrador  con 13 empresas. Si se tomara en cuenta aquellas en las que ha sido exaccionista o exadministrador, el número sube a 30 compañías.

Álvarez, que llegó a la Alcaldía en 2023 por la alianza RETO-RC, no aparece como administrador en ninguna de ellas, que en su mayoría se dedican a la venta de combustible al por mayor y menor. Precisamente es investigado por una presunta venta ilegal de combustible y por presunto lavado de activos.

Le sigue Víctor Hugo Largo Machuca, alcalde de Chaguarpamba (electo por SUMA-APLA), con cuatro empresas, tres de ellas dedicadas al servicio de transporte de carga por carretera y la última a proveer servicios de internet, Sofnet Cía Ltda. 

Largo Machuca respondió que el ser socio o administrador de las empresas no interfiere en sus funciones porque “las compañías al momento no están funcionando». Sin embargo, según la Superintendencia de Compañías sí están activas.

Las otras dos autoridades son el prefecto de Los Ríos, Johnny Terán Salcedo, y el alcalde de Durán, Luis Chonillo Breilh. Ambos constan como accionistas pero no como administradores.

Otro grupo de autoridades tiene menos cantidad de empresas, entre una o dos, pero sí constan como administradores, incluso si no son accionistas.

Nota metodológica

Esta es una investigación de Spondylus Info Lab, gracias a una beca de producción periodística del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios.

Este trabajo presenta la información pública de 248 autoridades seccionales: 178 alcaldes y prefectos electos por primera vez en 2023; 56 alcaldes y prefectos reelectos; 11 alcaldes y prefectos designados tras la suspensión o muerte del titular; y tres alcaldes subrogantes que están al frente del Municipio pues los titulares están encarcelados.

Para esta investigación se revisaron siete sitios web de instituciones públicas. Todas las consultas se realizaron entre el 24 de abril y el 15 de mayo de 2026.

La información de los patrimonios declarados se consultó en el sitio web de la Contraloría General del Estado, en este enlace, el cual exige los datos personales de los usuarios para poder descargar los documentos. Para este trabajo, se tomó en cuenta una declaración patrimonial por año. En el caso de las autoridades que presentaron dos o más formularios en un año, solo se tomó en cuenta el último. Para aquellas que se encuentran en funciones desde 2019, se analizaron las declaraciones presentadas desde ese año. Para el resto, se tomaron las presentadas desde 2023.

La información de las relaciones con empresas se consultó en el sitio web de la Superintendencia de Compañías, en este enlace. Para la actividad de cada compañía, se tomó el dato del Registro Único de Contribuyentes, disponible en el sitio web del Servicio de Rentas Internas (SRI), en este enlace.

La información de los procesos penales se consultó en el sistema e-Satje-2020 de la Función Judicial, disponible en este enlace. Solo se tomaron en cuenta los procesos judiciales filtrados por materia Penal COIP. Se revisaron los expedientes públicos electrónicos para determinar la situación legal de cada proceso. 

La información de las declaraciones tributarias, tanto del impuesto a la renta como del impuesto a la salida de divisas, se obtuvo del sitio web del SRI, en este enlace, el cual solicita registro de usuario. Se tomaron en cuenta las declaraciones desde 2019, pues la autoridad tributaria no publica la información de años anteriores.

La información sobre las deudas tributarias se obtuvo del sitio web del SRI, en este enlace.