El secretismo, peor una investigación sesgada, y mucho peor el interés gubernamental para difundir datos parciales sobre determinado caso, no le hacen nada bien a la lucha contra la corrupción.

O se la enfrenta con todas las herramientas legales, con decisión política firme, o mejor no se hace nada.

Los ecuatorianos de a bien, que son la gran mayoría, siempre han considerado que la corrupción es uno de los más graves problemas que corroen a la República.

Y por eso mismo, mal pueden tolerar que, ante un caso de corrupción palpable, que ha trascendido fronteras, como es el caso Progen, Apagón para la Fiscalía, se hagan todos los esfuerzos para evitar que “caigan todos”, no únicamente los que, presuntamente, se repartieron USD 114 millones.

No; no solamente a ellos. También, sobre todo, a los que urdieron el robo, montaron el esquema para hacerlo, asesoraron mal a propósito, amenazaron a quienes detectaron a tiempo, y lo avisaron, que los equipos a comprarse eran viejos; a los que entregaron el millonario anticipo sin exigir las debidas garantías; a los que, pese a la advertencia, siguieron desembolsándolo.

El pueblo mal puede aprobar que, a estas alturas, cuando el pus se derrama por todo lado, un funcionario del Gobierno divulgue una lista con nombres de los supuestos beneficiarios del dinero, pero menos a los primeros de la cadena.

Si con eso se pretende dar un mensaje de transparencia, los ecuatorianos no son ingenuos como para dar crédito a semejante despropósito comunicacional.

Y peor que la empresa estatal involucrada, junto con las demandadas, a cuyas arcas se supone fue el dinero, haya logrado que la justicia norteamericana apruebe una orden de confidencialidad, lo que limita el acceso a los documentos del proceso en el exterior.

¿Para qué el secreto? A los únicos que les conviene es a los corruptos que planificaron el robo. ¿No querrán luego quemar las pruebas?