Mientras en Ecuador le acusó al exministro José Serrano de ser el autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, en Estados Unidos presentó una carta en la que avala su integridad, así habría actuado Verónica Sarauz, esposa de Fernando Villavicencio; por lo que las hijas del exasambleísta y la fiscal del caso Magnicidio FV pidieron que se la excluya de su calidad de víctima y de acusadora particular.

En el marco del inicio de la audiencia preparatoria de juicio del caso Magnicidio FV, Tamia Villavicencio, hija del candidato presidencial asesinado, presentó pruebas de cómo Sarauz habría asesorado en el proceso a Serrano y a Xavier Jordán, otro de los acusados como autor intelectual; además de que envió información del caso que sólo se les entregó a las víctimas.

El accionar de Sarauz quedó registrado en los mensajes que ella mantuvo con María Paula Christiansen, esposa del procesado José Serrano, quien además es jefa de su actual esposo.

La carta a favor de Serrano

Con la extracción de la información del celular de Christiansen, que ella mismo entregó a la Fiscalía, se pudo conocer la comunicación que mantenía con Sarauz; en un mensaje le pide una carta de apoyo a José Serrano, que le sirvió para su proceso migratorio en Estados Unidos, la cual se la envía, con la condición de que se le garantice la confidencialidad, para que el tema no se conozca en Ecuador.

“Adjuntamos como prueba el documento oficial presentado por la defensa del señor Serrano, ante autoridades de los Estados Unidos, en el que se corrobora que Verónica Sarauz suscribió una carta a favor del procesado, en su calidad de viuda”, señaló Tamia Villavicencio.

Para la hija de Fernando Villavicencio, este hecho resulta especialmente grave si se considera que, al momento de escribir dicha carta, Verónica Sarauz ya se encontraba casada con Andrés Proaño, exmiembro de la policía nacional y quien ha sido empleado de María Paula Christiansen, en su cadena de spa en Miami.

La filtración de información

Del mismo dispositivo electrónico de propiedad de Christiansen se desprende que Sarauz y su actual conyugue proporcionaron al entorno de los procesados información personal de las hijas del exasambleísta, lo que habría servido para que las hostiguen.

La fiscal del caso, Ana Hidalgo, también presentó pruebas de la esposa de Fernando Villavicencio el proceso y de cómo filtró información que, en algunos casos solo se le entregó a ella, en calidad de acusadora particular y víctima.

“En los mensajes está asesorando a la señora María Paula Christiansen de que solicite las diligencias dentro del caso. Asimismo, advertía la preservación de un escrito por parte del señor José Serrano, en donde se adjunta un correo electrónico de una notificación que se le realizó a la señora, ella era la única que tenía en ese documento”, afirmó la fiscal.

Además, acotó la fiscal, en la audiencia de juzgamiento de los actores materiales, los abogados de Sarauz actuaron en contraposición a la Fiscalía, la que tuvo que objetar sus interrogatorios

“Fui llamada la atención por parte de los jueces del tribunal, que yo no podía realizar esas alegaciones, por cuanto yo tenía que estar del lado de las víctimas y teníamos que llevar una teoría igual”, afirmó la fiscal.

La defensa de Sarauz

En una corta intervención, que duró un poco más de tres minutos, Verónica Sarauz no desmintió el envío de la carta a favor de Serrano, tampoco que brindaba asesoría al entorno de los procesados por el asesinato de su esposo, se centró en acusar de odio a la familia de Fernando Villavicencio.

“A mí no me puede quitar nadie mi condición de víctima y el derecho que tengo de poner o no una acusación particular contra las personas que están siendo procesadas. Mi vida privada y mis asesoramientos, de lo que se me acusan, no son parte de esta de esta audiencia”, afirmó Sarauz.

Sin embargo, para Juan Carlos Benalcázar, abogado de las hijas de Fernando Villavicencio, permitir que Sarauz siga actuando como acusadora significa que siga accediendo a la estrategia probatoria, con lo que puede favorecer a los procesados.

“Sería en la práctica operar con un caballo de Troya, que beneficiará a los procesados, afectando a las víctimas”, señaló Benalcázar.