En Cuenca, la resolución de una juez de la Unidad Judicial Penal volvió a tensar la polémica que surge cuando se deja en libertad a personas detenidas por la Policía Nacional.

Cinco presuntos delincuentes, entre ellos un menor de edad, el domingo anterior fueron detenidos tras persecución policial.

Habrían intentado secuestrar a una persona en el parque María Auxiliadora. Al no lograr su objetivo, fugaron. Fueron alcanzados por la Policía que, en poder de los sospechosos, encontró vainas percutidas, municiones de varios calibres y otros indicios balísticos. 

La noticia, se intuye, como tantas otras relacionadas con la ola delictiva que afecta a Cuenca, ahondó la preocupación ciudadana, tanto más por el tipo de delito: secuestro; pero también cierto alivio al conocer que los malhechores fueron apresados, uno de ellos herido.

Empero, horas después de concurrir a la audiencia quedaron libres, simbólicamente, salieron por la puerta grande.

La juez halló contradicciones en el parte policial, y la audiencia se instaló cuando caducó la flagrancia. 

En conclusión, la autoridad penal evidenció fallas en el procedimiento de la Policía Nacional.

Cuando eso ocurre, la ciudadanía se siente en la indefensión, se lamenta, condena, se deprime, al saber que los delincuentes salen libres.

Pero si la ley es la ley, si no se cumplen los requisitos establecidos en el Código Penal como para dictar prisión preventiva, el juez no tiene más que disponer la libertad de los detenidos. 

Casos como los narrados abundan en todo el país. Las críticas suelen caer sobre los jueces.

Respecto al de Cuenca, corresponde al equipo jurídico de la Policía, o refutar, pero con argumentos; o reconocer que no hizo bien su trabajo y, por lo tanto, cargar la cruz de la culpa.

Policía, fiscales, jueces, si no cumplen su labor ceñidos a la ley, aun en los mínimos detalles, están en la mira de la desconfianza ciudadana. Y la única beneficiada es la delincuencia.