Todo apunta a que en las próximas elecciones seccionales sobreabundarán los candidatos a alcaldes, concejales y prefectos.

Es un fenómeno político que, en los últimos años, ha ido tomando fuerza. Pero esto no fortalece la democracia.

El Código de la Democracia favorece esa sobreoferta. Al final, termina confundiendo al electorado, alimenta su apatía, y percibe al proceso electoral como si se tratara del tradicional juego del “palo encebado”.

La sobrepoblación de movimientos, entre nacionales, cantonales y parroquiales, más unos cuantos partidos, es la causa principal para que la papeleta electoral se llene de nombres, números y colores.

Cuando menos las alianzas entre una o más de esas organizaciones, en algo impiden tener candidatos por cada una. Pero no por eso el problema no subsiste.

Mientras la legislación electoral no corrija esa atomización, en cada proceso electoral, sean en las seccionales o para presidente de la república, y asambleístas, habrá abundancia de candidaturas.

Basta recordar los 16 aspirantes a la presidencia de la república en las elecciones efectuadas en 2025.

En las seccionales de 2023 el país vio con asombro cómo en cantones con escaso padrón electoral, hubo cinco, ocho, diez candidatos a alcaldía.

Qué decir en ciudades con muchos más electores, como ocurrió en Quito. Guayaquil o Cuenca. Las de noviembre próximo no serán la excepción.

En el caso de Cuenca se avizora no menos de una docena de aspirantes a suceder al alcalde suspendido Cristian Zamora. Igual será para la prefectura. Para las concejalías, ni hablar.

Una democracia madura implica tener un sistema de partidos sólidos, bien estructurados, con principios ideológicos claros, con afiliados convencidos de su militancia.

En ese bosque de candidaturas, los ganadores no logran ni siquiera el 20 % de los votos válidos. Esto les permite llegar al cargo con legalidad, menos con legitimidad popular.