La semana anterior, una noticia que mereció mayor análisis, sobre todo que el Gobierno Nacional se pronuncie, pasó digamos que “apagada” por la euforia que despertó la selección de fútbol tras su victoria ante la poderosa alemana, desaprovechada, por cierto.

Es que, por primera vez en su historia, el Ecuador consta en el Índice Global de la Tortura.

De acuerdo al informe respectivo, la Fiscalía, entre 2024 y 2026, registró 1.110 denuncias de violaciones de derechos humanos, entre ellas 369 por tortura, 38 por desaparición forzada y 25 por ejecución extrajudicial.

Ese informe tendrá repercusión en el ámbito internacional, desde donde se le tendrá como territorio en el cual la tortura, las desapariciones, el uso excesivo de la fuerza, son práctica, si bien no común, pero sí de primera mano.

Ecuador, desde el primer año de gobierno del presidente Daniel Noboa, vive en constantes declaratorias de estados de excepción, incluidos toques de queda, y cuyo denominador común es la declaratoria de “conflicto armado interno”.

Ningún otro Estado, tampoco los organismos internacionales que velan por los derechos humanos, desconocerán que el Ecuador enfrenta el azote de la violencia criminal, liderada por el narcotráfico. Basta mencionar que, de acuerdo al presidente, hay más de 75 organizaciones delictivas, la mayoría con vínculos con sus pares internacionales.

El Gobierno ha decidido a enfrenar a esas organizaciones criminales con todo el poder de la fuerza que al Estado le otorga la Constitución.  

En ese enfrentamiento no faltan denuncias sobre desapariciones, una de ellas declarada como forzada; igual, de detenciones arbitrarias, de abusos por parte de las fuerzas del orden.

Sin que se justifiquen las torturas ni otras prácticas arbitrarias, o que la violencia se enfrente con violencia, sería bueno que los entes internacionales pongan en contexto   sus informes.

El Gobierno, insistimos, debe pronunciarse.