Son días que ponen a prueba las estructuras institucionales de la frágil democracia ecuatoriana. Los partidos, presionados por los plazos y las mediciones electorales, cambian de libreto: ADN había anunciado a Niels Olsen como su opción para la Alcaldía de Guayaquil, pero finalmente respaldó a la exalcaldesa Cynthia Viteri. Al mismo tiempo, el Tribunal Contencioso Electoral vuelve a colocar en el centro de la discusión una causa por presunta violencia política de género contra Pabel Muñoz, alcalde de Quito, en un escenario que recuerda la sanción de seis meses impuesta a Cristian Zamora, que terminó impidiendo su participación electoral en Cuenca.
Ante las fracturas internas, parece más conveniente trasladar la decisión hacia un tercero. Rafael Correa anunció que Revolución Ciudadana no respaldará candidaturas para las alcaldías de Guayaquil y Esmeraldas sin el consentimiento de Aquiles Álvarez y Vicko Villacís, autoridades que permanecen privadas de libertad y a quienes su movimiento considera perseguidos políticos. El anuncio puede contribuir a unificar a la organización, pero también revela la dificultad de construir consensos mediante procesos regulares de democracia interna.
Estas decisiones dejan heridas abiertas entre quienes intentan incidir en la conversación política y en la selección de candidaturas. Mientras tanto, las urgencias en salud, seguridad, empleo y prevención de riesgos ambientales siguen esperando respuestas. La agenda electoral vuelve a imponerse sobre la gestión y hace evidente la dificultad de la clase política para sintonizar con la urgencia del país.
