La empresa estadounidense Chevron busca que un tribunal de Washington aplique la sentencia a su favor que emitió el tribunal internacional de La Haya, Países Bajos, y le cobre al Estado ecuatoriano, de forma inmediata, los 224 millones 380 mil dólares que le debe hasta el momento.

En su petición, ingresada el 17 de julio de 2026, Chevron explica que, como firmantes de la Convención de Nueva York, tanto Ecuador, como Países Bajos y Estados Unidos, tienen la obligación de acoger el pedido de la empresa petrolera y ejecutar el pago de la indemnización que el tribunal arbitral internacional dispuso en su fallo final, emitido el 17 de noviembre de 2025.

En el mencionado fallo se estableció que Ecuador debe indemnizar a la demandante con una suma superior a 180 millones de dólares, más los intereses previos y posteriores al laudo.

Una deuda que se suma día a día

A los 180 millones 402 mil dólares que se estableció en la sentencia, se deben sumar los intereses devengados con anterioridad al laudo, a una tasa equivalente a la de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a un año, más un 2 %.

El 17 de diciembre de 2025, Ecuador presentó al Tribunal una solicitud de «corrección» o «interpretación» del laudo y logró que la indemnización se reduzca en aproximadamente 5 millones de dólares, quedando 175 millones 720 mil dólares, más los intereses anteriores y posteriores al laudo.

Los intereses hasta la fecha del fallo llegaron a 40 millones 470 mil dólares; mientras que al 17 de julio de 2026, los intereses posteriores al laudo ascendieron a 8 millones 189 mil dólares, lo que hace un total de 224 millones 380 mil dólares.

En la demanda ingresada en el tribunal de Washington, Chevron recalcó que los intereses posteriores al laudo continúan acumulándose a la tasa del bono del Tesoro de los Estados Unidos (2 % anual), lo que equivale a que la deuda de Ecuador con la empresa se suma en más de 33.700 dólares por día.

Ecuador insiste en revertir el fallo

El arbitraje entre Ecuador y Chevron (ex Texaco), ante el tribunal internacional de La Haya duró 17 años, en todo este tiempo el Estado ecuatoriano ha intentado, sin éxito, revertir los fallos que se han emitido a favor de la empresa, a la cual, según los jueces, se le vulneró los derechos al debido proceso y se le denegó el acceso a la justicia.

El último intento de Ecuador por echar abajo el laudo fue el 13 de marzo pasado, cuando presentó una petición para que se anule el fallo; desde Chevron se aclaró que no existe razón para que la sentencia no sea reconocida, por lo que, el camino que queda es el pago de la indemnización.

La respuesta de Ecuador

Se consultó a la Procuraduría General, entidad que actúa como abogado del Estado, sobre la respuesta que se dará a la exigencia del pago inmediato de la indemnización a Chevron, pero, se aseguró que se está consultando a las autoridades.

Previamente, el presidente Daniel Noboa, en una declaración realizada el 12 de septiembre del 2025, responsabilizó a la falta de resolución en este caso al que Ecuador no haya logrado una mejor tasa en los aranceles que Estados Unidos le impuso a sus productos; además, anticipó que la indemnización ascendía a 800 millones de dólares, aunque no dio mayores detalles.

¿De qué se trata el caso?

El caso Chevron nació después de que esta adquirió Texaco, empresa que dejó de operar en Ecuador en 1992, tras lo cual, en 1995, firmó un acuerdo en el que la empresa estadounidense se comprometió a realizar la remediación ambiental de proyectos específicos, una vez cumplido con esto, quedó liberada de cualquier responsabilidad.

Pese al Acuerdo de Liberación de Responsabilidad, en 2003 un grupo de habitantes de la Amazonía ecuatoriana inició un juicio en Lago Agrio contra Chevron, exigiendo indemnizaciones por daños ambientales derivados de las operaciones del consorcio; el cual ganaron en 2011 y se estableció una indemnización de 18.200 millones de dólares.

Sin embargo, en la demanda que Chevron interpuso en La Haya logró probar que la sentencia de Lago Agrio fue redactada de forma corrupta, por los propios abogados de los demandantes, constituyendo una denegación de justicia y un incumplimiento de los tratados internacionales y los acuerdos de liberación previos.