El crimen organizado demuestra detentar el poder de la violencia, como el Estado tiene el monopolio de la fuerza.

La minería ilegal es otra de las tantas “especialidades” de los grupos de delincuencia organizada (GDO). Sus operadores ven en ella otra manera de amasar fortunas, incluso como alternativa al narcotráfico, amén de extorsiones o “vacunas”.

Valga estas referencias para enmarcar el suceso criminal ocurrido en una zona rural del cantón Pucará, provincia del Azuay.

Al igual que en Ponce Enríquez, en aquella jurisdicción, si bien no en la misma magnitud, impera la minería ilegal, varios de cuyos campamentos han sido destruidos por el Ejército.

La ejercen en zonas de difícil acceso. A lo mucho a través de vías de tercer orden, como la que permite el ingreso a El Carbón, donde la semana anterior fueron asesinados ocho personas.

No solo por el número de víctimas, cuanto por la saña con la que actuaron los victimarios, constituye un hecho confirmatorio de la inseguridad; qué decir de la minería ilegal, a través de la cual se extrae el oro, que lo refinan, comercializan y lo exportan con pasmosa facilidad.

Los cadáveres, descubiertos días después de la masacre, fueron colocados en fosas comunes, con notables signos de violencia, además de la incineración de vehículos.

Varios de los asesinados son de Pucará. Su población está consternada por el suceso, si bien, y es oportuno anotarlo, conoce en detalle sobre aquella actividad ilegal, solo que, a lo mejor, está amedrentada.

Las investigaciones de la Fiscalía permitirán, algún día, conocer los entretelones de la matanza.

Pero tampoco es difícil deducir que podría tratarse de ajustes de cuentas, de luchas a punta de bala entre los GDO por tener el control de esas minas y que no figuran en un ningún catastro.

Todo apunta a que los operativos en contra de la minería ilegal son un golpe pasajero y hasta inofensivos para sus bolsillos.