En un desastre, bajo los escombros hay personas esperando que alguien llegue a tiempo, las auxilie sin importar absolutamente nada más.

Por eso resulta peligroso que quienes gobiernan pretendan decidir la ayuda humanitaria que reciben desde sus simpatías políticas. Venezuela ya mostró hasta dónde puede llegar la politización de la emergencia. Y Colombia acaba de encender otra alarma: tras el terremoto, durante horas decisivas se restringió el ingreso de equipos internacionales de rescate mientras incluso se discutía políticamente de quién convenía recibirlos.

Un Estado puede coordinar la cooperación, evaluar capacidades y definir qué necesita. Lo que no puede hacer es convertir la soberanía en excusa para poner la ideología por encima de la vida. Los principios de Naciones Unidas son claros: humanidad, imparcialidad, neutralidad y no discriminación. La necesidad de las víctimas, no la amistad-conveniencia entre gobiernos, debe determinar la respuesta.

Ecuador lo entendió después del terremoto de 2016. Abrió sus puertas a rescatistas, médicos, cooperación técnica y ayuda llegada desde distintas partes del mundo. Nadie preguntaba entonces qué gobierno enviaba las manos que removían los escombros.

La soberanía también significa responsabilidad. Cuando un Estado no alcanza, pedir y facilitar ayuda no lo debilita. Lo que debilita a una democracia es permitir que alguien muera mientras el poder decide de qué pasaporte acepta la solidaridad. (O)

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