Análisis político
Las elecciones que se realizarán el próximo 29 de noviembre, para elegir a las autoridades locales y a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), asoman como atípicas o “raras”, y esto debido a algunos factores que se analizan a continuación.
En primer lugar, es la primera vez que se realizan con casi 6 meses de anticipación en relación a la fecha en la que deberán tomar posesión las nuevas autoridades elegidas (13 de mayo de 2027); un asunto que se da debido a la resolución inconsulta e inconstitucional del CNE de adelantar las elecciones, que debieron realizarse en febrero de 2027; una resolución inédita que trató de ser justificada con base a supuestas previsiones climáticas, pero que causaría la sospecha de responder más bien a presiones políticas del Gobierno de turno.
En segundo lugar, van a ser unas elecciones que (según el calendario electoral decidido por el CNE) tendrán una campaña electoral de apenas 15 días; un tiempo demasiado corto, que beneficiará sobre todo a las candidaturas de figuras políticas ya conocidas y con trayectoria electoral, amén de las organizaciones políticas más fuertes y con más recursos, pero que perjudicará a las figuras políticas nuevas o poco conocidas; lo que haría por tanto muy improbable la aparición de los llamados “oustsiders” o recién llegados a la política.
En tercer lugar, son unas elecciones en cuyo proceso se han dado una serie de medidas que han puesto en entredicho el carácter realmente democrático de las mismas, medidas como suspender y acosar a partidos de oposición al Gobierno, o promover (a través de la Fiscalía) la apertura de procesos judiciales a Alcaldes de oposición y que, por “coincidencia”, tenían las más altas posibilidades de ser reelectos.
Aún más, aunque algunos candidatos de partidos de oposición logaron finalmente inscribirse con el auspicio de otros partidos políticos, no hay la seguridad de que sus candidaturas sean finalmente calificadas; pues existe el temor de que nuevamente los organismos de la Función Electoral (CNE y el TCE), que han mostrado una falta de independencia frente al Ejecutivo, pongan nuevos obstáculos para impedir la participación de esas candidaturas. Lo que debería llevar a una vigilancia democrática de la sociedad. (O)
