La visita de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, no puede leerse como un episodio aislado. Llega en medio de una gira por Colombia, Ecuador y Perú destinada a fortalecer la cooperación regional en seguridad, migración y lucha contra el narcotráfico, pero también en momentos en que las operaciones estadounidenses frente a las costas ecuatorianas han adquirido una dimensión inédita. Solo desde finales de agosto, al menos seis embarcaciones ecuatorianas han sido destruidas en operativos que Washington y Quito vinculan con actividades logísticas del narcotráfico. Las familias y varios de los tripulantes sostienen, en cambio, que se encontraban realizando faenas de pesca. Al final, luego del ruido mediático del operativo, todos permanecen en libertad. El combate al narcotráfico es indispensable, pero también lo son las explicaciones sobre el uso de la fuerza, las evidencias que sustentan estos operativos y los límites que impone la soberanía ecuatoriana.
La presencia de Rubio confirma que detrás de estas acciones existe una agenda geopolítica. El Secretario de Estado calificó a Ecuador como el socio más “agresivo” de la región en la estrategia estadounidense contra el narcotráfico y anunció que solicitará a su Congreso USD 45 millones adicionales para seguridad, otros USD 10 millones para combatir minería ilegal, reclutamiento criminal y finanzas ilícitas, además de nuevas embarcaciones para la Armada. A ello se suma la declaratoria de Los Tiguerones como organización terrorista extranjera y una cooperación entre fuerzas élite de ambos países que, según Rubio, no tiene precedentes. Los anuncios pueden ser recibidos como respaldo frente a una crisis de seguridad que el Ecuador no ha logrado controlar. Pero esa explicación resulta insuficiente si el incremento de capacidades y operaciones conjuntas no se traduce en una reducción verificable de la violencia.
La visita es también una poderosa fotografía política. Rubio llegó al Ecuador como parte de una gira por tres gobiernos particularmente cercanos a Washington en un momento en que Estados Unidos busca recuperar capacidad de influencia en América Latina. En ese escenario, el Ecuador empieza a aparecer no solo como beneficiario de cooperación, sino como pieza especialmente disponible para la estrategia estadounidense en la región. El problema no está en cooperar con Estados Unidos ni en recibir recursos para enfrentar al crimen organizado. Está en hacerlo sin una discusión pública suficientemente clara sobre hasta dónde llega esa cooperación, quién define sus prioridades, bajo qué controles opera y cuáles son sus resultados.
Tal vez ese sea el verdadero significado de la visita de Rubio. Más que comprobar la existencia de un plan ecuatoriano de seguridad, permite observar una estrategia estadounidense de alcance regional que encuentra en el gobierno de Daniel Noboa un aliado dispuesto a acompañarla. La pregunta que queda para el Ecuador no es si debe cooperar con Washington, sino en qué condiciones puede hacerlo sin convertir la urgencia de la seguridad en una cesión silenciosa de autonomía. (O)
@avilanieto
