Un nuevo conflicto, entre el oficialismo y el correísmo, se estableció en la Asamblea Nacional por la decisión del Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) de eliminar la Unidad Anticorrupción; mientras la presidenta del Legislativo rechazó la posibilidad de fiscalizar el tema, la oposición argumenta graves ilegalidades e inconstitucionalidades.
El CJ, el 7 de septiembre del 2026, decidió, en el marco de la declaratoria de emergencia de la Función Judicial, “reestructurar” el modelo de juzgamiento especializado en corrupción y delincuencia organizada y suprimió la Unidad, porque tenía muy poco trabajo, mientras otros juzgados estaban llenos de casos, las competencias pasaron a la Unidad Penal.
Desde el correísmo argumentan que el problema en este caso radica en que, a través de una resolución del CJ se reformó al menos tres leyes: la Ley de Extinción de Dominio, la Ley de prevención de Lavado de Activos y el Código Orgánico de la Función Judicial, lo cual es inconstitucional e ilegal.
Reforma legal para acoplarse al reglamento
Para Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, el hecho de que una norma de menor jerarquía, es decir, una resolución, haya modificado algo de superior jerarquía, o sea, una ley, es fácilmente subsanable, se procederá a reformar la normativa, para acoplarla a lo que ya decidió el CJ.
“Yo no puedo pronunciarme por algo que no está en mi cancha, pero, yo me comprometo a no cruzarme de brazos, a mí me interesa que los proyectos de ley lleguen a solucionar los problemas de la gente, si tenemos que hacer reformas, pues lo vamos a hacer”, afirmó Mancheno.
La pugna por la fiscalización
Como ha ocurrido en anteriores ocasiones, las dos bancadas que conforman la Asamblea, la de Acción Democrática Nacional (ADN) y la de la Revolución Ciudadana (RC), empezaron una pugna por decidir quién se queda con la fiscalización de la eliminación de la Unidad Anticorrupción.
En la Comisión de Garantías Constitucionales, conformada íntegramente por asambleístas del correísmo, se inició la fiscalización del tema y para el 17 de septiembre del 2026 estaba citada Mercedes Caicedo, presidenta del CJ, quien no asistió.
Sin embargo, pese a que el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) establece que cuando una comisión legislativa inicia un proceso de fiscalización, ninguna otra podrá tratar el mismo tema, el Pleno, con 85 votos a favor, aprobó que el proceso de fiscalización sea no sea tratado por Garantías Constitucionales, sino por la Comisión de Justicia, donde existe mayoría del oficialismo.
La moción para que se fiscalice la eliminación de la Unidad Anticorrupción salió del asambleísta Xavier Ordóñez (ADN), esto pese a que pocas horas antes su coidearia, la presidenta de la Asamblea, aseguró no era necesario un proceso de este tipo y que bastaba con un pedido de información.
No descartan juicio político
Desde RC, la asambleísta Viviana Veloz informó que se encuentran reuniendo los argumentos necesarios para iniciar un proceso de juicio político en contra de Mercedes Caicedo y todos vocales del CJ que votaron a favor de la eliminación de la Unidad Anticorrupción; además, presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.
“Se va además a pedir a la Contraloría un examen especial, porque para la conformación de esta Unidad se usaron recursos públicos e incluso apoyo internacional de Estados Unidos, la Unión Europea y de la OEA, todo esto tendrán que responder en la Judicatura”, afirmó Veloz.
Según información que se proporcionó en su momento, la creación de la Unidad Anticorrupción le costó al país 1 millón 600 mil dólares, a lo que se suma 1 millón 500 mil dólares para su funcionamiento.
Intento de legalizar la resolución
El constitucionalista André Benavides puntualizó que, para que se elimine la Unidad Anticorrupción o se cambien las competencias de estos jueces especializados hacía falta que la Asamblea Nacional reforme el Código Orgánico de la Función Judicial, previo a que la Judicatura tome cualquier decisión.
“Me llama profundamente la atención que ahora lo que se quiere hacer es reformar el Código de la Función Judicial para, de alguna manera, legalizar o legitimar lo que ha hecho el Pleno del Consejo de la Judicatura”, afirmó el experto.
Para Benavides, la actuación del Pleno de la Judicatura puede ser sujeto de una demanda de inconstitucionalidad, pues se colocó por encima de la ley a un reglamento, infringiendo el principio de jerarquía normativa.
Además, según el experto, también la Contraloría deberá investigar el caso, pues en la conformación de esta unidad especializada el país invirtió 1,6 millones de dólares, que vinieron incluso del extranjero.
