Legislar el trabajo informal es una de las acciones más polémicas que afrontan los municipios.

Y deben hacerlo sí o sí. Peor si esa labor tiende a desbordarse y pone en riesgo el orden   en los espacios públicos.

Días atrás, el Concejo Cantonal de Cuenca aprobó en primer debate una Ordenanza para prohibir el trabajo de los llamados “vigilantes seguros” en las calles de la ciudad.

Alrededor de 400 personas de escasos recursos económicos se dedican a esa actividad.

Visten chalecos que los identifican. Cada uno “vigila” determinados tramos de calles y avenidas, incluyendo aquellas en las cuales los conductores pagan el parqueo tarifado impuesto por la Empresa de Movilidad.

El problema, si así se lo puede llamar, es que el dueño del vehículo, al retirarse del lugar debe entregarles dinero, se supone que es voluntario, incluyendo el monto.

Las quejas ciudadanas, que no son pocas, es que esas personas no solo que exigen el pago, se molestan si lo consideran escaso, peor si no les dan, en cuyo caso hasta insultan.

Contribuyen a estacionarse, a salir, a buscar un espacio; pero su responsabilidad no es cuidar los vehículos ante posibles robos, como tampoco lo es de la EMOV; apenas, sí, alertar si alguien pretende sustraerse partes de los automotores.

Los “vigilantes seguros”, que están asociados, asumen que con la Ordenanza, de aprobarse en segundo debate, se quedarán sin trabajo, y del cual son parte madres solteras, personas con discapacidad física.

Corresponde al Concejo Cantonal escuchar esas voces; igual las posiciones críticas, en pos de un equilibrio, de una solución que parta de entender la realidad social y ubicarla dentro de un marco jurídico que recoja reglas claras, el principio aquel de que “mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás”.

Legislar sobre los coletazos de la pobreza, entre ellos la informalidad, requiere de serenidad, sapiencia; también de humanismo.