Todos deberán rendir cuentas, sin importar si son alcaldes o no, fue la advertencia que John Reimberg, ministro del Interior, lanzó tras las últimas detenciones de dos burgomaestres en el país; además, recalcó que las investigaciones continúan y no descartó que más autoridades locales sean detenidas en los próximos días.

Desde que inició el 2026, siete alcaldes han sido detenidos a nivel nacional por distintos tipos de delitos, el caso más emblemático es del de Aquiles Álvarez, burgomaestre del Puerto Principal, quien actualmente enfrenta tres procesos penales en su contra, por lavado de activos, delincuencia organizada y retirarse el grillete electrónico.

Los alcaldes detenidos

Los casos más recientes son los de Juan Alfonso Montalván Cerezo y Gilmar Gabriel Balladares Espinoza, alcaldes de Vinces (Los Ríos) y de Playas (Guayas), respectivamente, al primero se le dictó prisión preventiva y al segundo se le apresó ayer.

Además, están en prisión los alcaldes Vicko Villacís (Esmeraldas), por el caso Blindaje, que investiga el delito de lavado de activos; Darío Macas (Machala), por enriquecimiento ilícito; René Alonso (El Tambo), por peculado en el caso Templo del Sol.

También fue detenida Ángela Plúas (Jipijapa), procesada por delincuencia organizada vinculada a trámites de tránsito; cabe aclarar que la alcaldesa en este caso, denominado la Fiscalía como Digitador, recuperará la libertad, después de que ayer el juez le aceptó la apelación a la prisión preventiva.

A esta lista se le puede sumar a Baldor Bermeo, quien ya no ostentaba el cargo de alcalde de Camilo Ponce Enríquez cuando fue detenido el pasado julio, por presunto lavado de activos relacionado con minería ilegal, en el caso denominado BB.

Los procesados

Aunque no está en prisión, pues logró salir del país y ponerse a buen recaudo en México, el alcalde suspendido de Cuenca, Cristian Zamora, enfrenta al momento cuatro procesos penales, uno por enriquecimiento ilícito y tres por peculado, estos últimos se relacionan con contratos que, según el Gobierno, suman más de 2,4 millones de dólares.

Mientras, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, según sus propias declaraciones del 27 de octubre del 2026, enfrenta 687 acciones legales y administrativas contra él y su administración, desde que asumió la Alcaldía de Quito en 2023, 13 corresponden a denuncias en la Fiscalía.

Solo en el último mes se le denunció por supuestamente cobrar “diezmos” a sus funcionarios en la Alcaldía de Quito y por el caso Asfalto de Oro, por el que las oficinas municipales fueron allanadas el pasado 21 de octubre del 2026.

Según una investigación que realizó Spondylus Info Lab en junio del 2026, en colaboración con varios medios de comunicación, incluido El Mercurio, en el país se han registrado 264 procesos penales que atañen a 118 alcaldes y prefectos, más de la mitad de las autoridades locales.

Además, 20 de las 245 autoridades al frente de alcaldías y prefecturas, alrededor de un 8 %, han sido procesadas por más de un delito, en algunos casos antes de que asumieran su cargo.

Persecución política

Aunque desde el Gobierno, específicamente el presidente Daniel Noboa, se ha negado que los procesos en contra de los alcaldes están direccionados a quienes son de la oposición, para el asambleísta Blasco Luna, de la Revolución Ciudadana (RC), resulta al menos sospechoso que la mayoría de los procesados sean correístas o de organizaciones contrarias al régimen.

De los alcaldes que están detenidos, Aquiles Álvarez, Vicko Villacís, Darío Macas y José Alcides Arroyo eran de la RC, mientras que René Castillo fue auspiciado por Reto, aliado del correísmo.

Según Luna, es evidente que, mientras a los de oposición se los detiene, a los alcaldes que son afines al Gobierno se los protege; por ejemplo, al alcalde de Vinces en la Asamblea se lo catalogó en alerta verde, es decir que no existían irregularidades en su patrimonio, cuando habría movido más de 3 millones de dólares de dinero obtenido de forma ilegal.

El legislador recalcó que Juan Carlos Rivera, alcalde del cantón Naranjal, supuestamente vinculado con la banda delincuencial Los Lobos, lo único que le hizo ADN es desafiliarlo, pero no se ha iniciado ninguna acción judicial en su contra, ni tampoco se han efectuado allanamientos, ni se lo ha detenido. “Esto es una muestra de que la justicia no es independiente”, recalcó Luna.