El Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los hechos de octubre, ha generado inconformidad de unos sectores y respaldo de otros. El Gobierno ha expresado que se trata de un documento sesgado. Los dirigentes del movimiento indígena han mostrado su beneplácito. Cuando se trata de analizar e informar sobre hechos que tienen una fuerte carga política y social, es muy difícil esperar total objetividad e independencia. Y, en el caso de los hechos de octubre es evidente que la polarización no solamente se dio dentro del país sino también en los criterios y enfoques que desde fuera se han expresado.
Los debates sobre los hechos de octubre en nuestro país se han centrado mayoritariamente en torno de las causas de ese movimiento y de su significado último. El movimiento indígena obró independientemente o fue manipulado por el correísmo, ha sido una tesis reiterada. El intento de reagrupar al movimiento por parte de una nueva dirigencia más radical y violenta es otra posición que ha sido defendida por algunos observadores. Fue solamente una reacción ante la eliminación de subsidios, es la explicación más frecuente, pero que no alcanza para cubrir toda la magnitud del caso.
Más allá del debate sobre causas y significado, lo que nadie puede discutir es que hubo una violencia antes no vista en movimientos populares. Saqueos en las ciudades, ataques a bienes públicos y privados, destrucción, toma e incendio de la Contraloría General, secuestro de policías y periodistas, conforman un lado de la realidad. El otro, el uso de la violencia por parte de las fuerzas del orden con secuelas de muerte y derramamiento de sangre. Un informe objetivo debería recoger por igual esos dos aspectos. Y, el Informe de la CIDH, ciertamente pone énfasis solamente en una de las formas de violencia, minimizando la otra.
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