Ecuador acude al Foro de Davos después de un año social y económicamente turbulento por la necesidad de reordenar sus estructura fiscal y tributaria, y con la intención de seguir adelante en una senda que reduzca la dependencia del sector público y atraiga la inversión privada.
El viaje del presidente Lenín Moreno ha coincidido con la publicación de los primeros datos del Banco Central sobre los daños y pérdidas de las protestas sociales de octubre, que elevó a unos 821 millones de dólares: 120,07 millones en daños directos y 701,62 millones en pérdidas por «ingresos no percibidos».
Daños, se precisa en un informe realizado con el apoyo del Banco Mundial, que significaron un impacto negativo para el PIB nacional, que de un previsto crecimiento de 0,1 o 0,2 por ciento pasaría ahora a signo negativo, ínfimo pero negativo.
Aún así, el ministro de Finanzas y Economía, Richard Martínez, está convencido de que su país acude a Davos en una «buena posición», más que nada porque «finalmente la comunidad internacional destaca el esfuerzo que está haciendo el Gobierno y el país en su conjunto, para dar un giro estructural».
«Lo importante es la tendencia, que es una tendencia de reducción y este año tenemos la intención de seguir con ese proceso de optimización», insiste en declaraciones a Efe.
Se refiere a los cambios que ha introducido el Ejecutivo en los últimos meses, y que incluyen desde la reducción del gasto público a reformas fiscales y legales, pasando por la reestructuración de instituciones, monetarización de activos públicos y políticas para alentar la inversión y desarrollar el sector privado.
«Nosotros hemos planteado el horizonte de desarrollo que queremos: un horizonte abierto a la inversión privada, con una economía menos dependiente del gasto público que era un modelo ya insostenible», afirma.
Martínez, así como el ministro de Exteriores, José Valencia, acompañarán al presidente en Davos en la presentación de un Ecuador que trata de romper con modelos del pasado, cuando el alto precio del petróleo alentaba toda la actividad económica.
Pero la alta deuda del país heredada y la ralentización generalizada de la economía a nivel mundial, pesan sobre las finanzas de Ecuador, que en respuesta a la asistencia internacional (más de 10.200 millones de dólares de organismos multinacionales) debió entrar en un proceso de recortes y reformas.
En octubre, la eliminación de subsidios a las gasolinas -luego derogada-, generó una masiva ola de protestas que dejó, además de cuantiosos daños, una decena de muertos y más de 1.500 heridos.
Y obligaron al Ejecutivo a enmendar sus planes para generar más ingresos -mediante tributación- y menos gasto -mediante despidos y eliminación de ciertos subsidios-.
«Ciertamente, las protestas son un componente que no es ajeno al análisis de los inversionistas», reconoció Martínez, si bien destaca que la reciente emisión de un bono social por 400 millones de dólares, con apoyo internacional, aún plasma la confianza en el Gobierno de Moreno.
«Demuestra que la comunidad internacional, tanto los multinacionales como los inversionistas, todavía ven en Ecuador un país donde pueden invertir con garantía de que estos compromisos van a ser honrados», apuntó.
Sin embargo, las medidas adoptadas por el Ejecutivo en 2019 no han sido suficientes para el sector privado, para el que «el Gobierno tiene un objetivo meramente «fiscalista», en palabras de Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ).
Recuerda a Efe los nuevos impuestos introducidos y asegura que no buscan «promover la empresa privada ni la inversión», es decir, se trata de un modelo económico que «no ha cambiado en los últimos doce años» y que «no entiende la problemática del sector empresarial».
El ministro advierte en ese sentido que el Gobierno seguirá trabajando en 2020 «en la focalización de un esquema» tributario y de prestaciones que deje de beneficiar «a un grupo de la población que no debería estar beneficiándose», «personas de alto poder adquisitivo».
«Nosotros lo vemos también desde el punto de vista de eficiencia económica, también desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de justicia y equidad social», se justifica Martínez.
Advierte desde un sentido de compromiso «con la transparencia», que «las cifras no mienten» y «el problema del Ecuador es profundo».
«Tenemos serias debilidades en la parte fiscal, pero cuando uno ve las tendencias de estabilización y de masa salarial, eso es lo que valora mucho el mercado», puntualiza al destacar que «el incrementar la cobertura de la población social es bien valorado también por la comunidad internacional y por los inversionistas».
Más allá de apuntalar la imagen de su país ante organismos multinacionales, Ecuador lleva a Davos «un portafolio de los principales activos que busca monetizar», para lo cual sus dirigentes mantendrán reuniones con inversionistas en los campos hidroeléctrico, financiero, petrolero y de comunicaciones.
Tras ausentarse por una década, esta será la segunda vez consecutiva que el país acude al Foro Económico Mundial para dar a conocer un nuevo aperturismo al mundo y fortalecer «la imagen de una nación comprometida con el desarrollo social sostenible y, fruto de la seguridad jurídica, atraer el interés de compañías para que inviertan en Ecuador». EFE
