El informe final de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre las protestas que se vivieron en Ecuador a principios de octubre del 2019, es un informe sesgado, parcializado, que desfigura la realidad histórica jurídica de los hechos. Se suponía que el informe final, sería un documento que, recogería la evaluación seria y ponderada, de los siete comisionados de la CIDH, que debieron recibir testimonios de todos los involucrados, entrevistarse con las autoridades del Gobierno y personas particulares que sufrieron daños en sus bienes, para recopilar audios y videos y con estos elementos evaluar objetivamente, garantizando la veracidad e imparcialidad de la CIDH. Empero, prevalecieron los intereses políticos, para que tan alto organismo llegue a conclusiones subjetivas y parcializadas. Se le olvidó a la CIDH, los derechos humanos, que tienen los ciudadanos comunes, los medios de comunicación, agricultores, floricultores, comerciantes, policías, periodistas, mujeres, niños y adultos mayores, afectados por la violencia con la que actuaron los manifestantes sin respetar raza, sexo o credo religioso, dieron con “palo de ciego” a todo el mundo, principalmente en la Ciudad de Quito. Los perjuicios económicos y materiales sufridos por el Estado y los bienes privados, en los repugnantes acontecimientos de octubre de 2019, según la gerente del Banco Central, Verónica Artola, ascienden a $ 821 millones para el país, llegando a determinar que el sector productivo privado es el gran perdedor con 501 millones y en el sector público con $ 320 millones. Estos aspectos soslayan el informe y los pasa por alto, para favorecer a grupos extremistas que buscan la desestabilidad de la democracia y el orden constituido en el País. (O)
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