Afecta a los gobernantes en sus versiones administrativas, legislativas y judiciales ante los mandantes, el ruido sobre la corrupción encontrada y aceptada en los negocios del estado, pero no judicializada, sobre la actuación de extorsión de la compañía Odebrecht, sin las consecuentes medidas de: devolución de los recursos ilegales en sobreprecios, sobornos, mala calidad de las construcciones, etc. El resultado sorprende a la población ecuatoriana, con estupor, cuando la compañía reclama por vía judicial, el pago de haberes que no han recibido según sus cuentas, y las entidades llamadas a cuidar los recursos nacionales se desperezan avergonzadas sin saber por dónde ir en su defensa.
Ante tanta decidía, que hacer es la pregunta para: el ejecutivo que se ha llenado de comisiones anticorrupción, con pocos resultados tangibles en valor monetario, a la asamblea nacional sin reacción en su letargo en la fiscalización de los órganos de control como la procuraduría, la fiscalía, la contraloría, etc., para que expliquen ante la ciudadanía sus omisiones respecto de la corrupción, sin haberse cumplido el ofrecimiento del jefe de estado de hacer una cirugía radical a las mañas extendidas, repetidas y arbitrarias de la descomposición, que se escuchan en denuncias de una gestión endémica de malos manejos, como se repiten en la adquisición de fármacos e insumos médicos, en el Hospital del IESS en Guayaquil, de lo sabemos por los medios de difusión pública.
Velasco Ibarra decía que prefiere como colaborador un conservador honrado a un comunista ladrón, que puede intercalarse al revés, beneficiando a la ética en el manejo de los patrimonios de todos, sin importar que estemos o no en un año electoral, a cuyo pretexto están regalones algunos asambleístas, por ejemplo al tratar de conceder por ley 2 horas de asueto a los empleados regulares, para festejar los cumpleaños de sus hijos/as, que siendo una medida humana, parece que se olvidan del sufrimiento que pasan los desempleados, para quedar bien ante los votantes, sin cumplir con sus obligaciones inaplazables de combatir la corrupción, por todos los medios disponibles a su alcance. (O)
