La convocatoria de testigos al juicio político al que es sometido el presidente de EE.UU., Donald Trump, centró este miércoles su proceso de destitución, con advertencias de los demócratas de que no permitir nuevos testimonios deslegitimaría el procedimiento, y el rechazo de los defensores del gobernante, que insisten en que lo que está en juego es la seguridad nacional.
La nueva fase abierta esta jornada en el «impeachment», como se conoce en el inglés el proceso, consiste en la formulación de preguntas por parte de los senadores, a través del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, que actúa como jefe de la Cámara Alta, a los fiscales de la acusación demócrata y al equipo legal de Trump.
Y como era de esperarse, muchas de las preguntas incluyen ya una carga de intención o suponen toda una declaración política a favor de la absolución del gobernante, en el caso de los republicanos, o justificar la convocatoria de testigos y poner en entredicho la actuación de Trump, en el de los demócratas.
Este es el caso de la senadora y exaspirante presidencial demócrata Kamala Harris, que en su pregunta recordó que el expresidente Richard Nixon, que renunció en 1974 acosado por la sombra de un «impeachment», decía que «si un presidente hace cualquier cosa, eso significa que no es ilegal».
«Antes de ser elegido, el presidente Trump decía que ‘cuando eres una estrella, te dejan hacerlo y puedes hacer lo que quieras’, y después de ser elegido, dijo que el artículo 2 de la Constitución le daba ‘el derecho a hacer lo que quisiera como presidente», agregó Harris, igualando a los dos gobernantes como personas «que se creen que el presidente está por encima de la ley» cuando se trata de ganar la reelección.
La alusión a las elecciones venía a cuento porque poco antes, en respuesta a otra pregunta, el destacado abogado constitucionalista Alan Dershowitz había justificado las acciones que llevaron a Trump a ser sometido al juicio político si su fin es la reelección y considera que esta es de interés público.
Los demócratas iniciaron las investigaciones al denunciarse que en una llamada telefónica, Trump había pedido a su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, que abriera una investigación por corrupción contra el exvicepresidente Joe Biden, favorito para convertirse en su rival demócrata en las elecciones de noviembre, y contra su hijo Hunter, que trabajó para la compañía de gas ucraniana Burisma.
Según los demócratas, Trump condicionó la entrega de casi 400 millones de dólares de ayuda militar a Ucrania y recibir a Zelenski en la Casa Blanca a la apertura y difusión de esa investigación a los Biden.
«Todo funcionario público que conozco cree que su elección es de interés público. Y tiene razón: su elección es de interés público. Y si un presidente hizo algo que cree que lo ayudaría a ser reelegido, en interés del público, eso no puede ser un tipo de ‘quid pro quo’ (algo a cambio algo, en latín) que resulte en juicio político», dijo Dershowitz justificando las presiones de Trump a Ucrania.
Trump está acusado de abuso de poder por solicitar a una nación extranjera interferir en las elecciones para su propio interés político, así como de obstrucción al Congreso, por su negativa a permitir el testimonio de funcionarios y exfuncionarios de su gabinete en el proceso.
Entre estos funcionarios están el exasesor de Seguridad Nacional John Bolton y el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, quienes estuvieron presentes en la llamada de Trump y Zelenski, y cuyo testimonio reclaman los demócratas, así como la aportación de documentos del Pentágono y del Departamento de Estado.
«Llamemos a Bolton, a Mulvaney y a otras personas para que podamos presentar la verdad al pueblo estadounidense», apuntó el senador demócrata Hakeem Jeffries, quien actúa como «fiscal», en una petición que se repitió varias veces desde la parte demócrata.
Sin embargo, Patrick Philbin, del equipo de defensa del mandatario, aseguró que esto crearía un grave precedente para futuros presidentes, porque «mantener la confidencialidad de las comunicaciones (entre el mandatario y sus más estrechos colaboradores) es esencial para la seguridad nacional».
Bolton «fue un asesor de seguridad nacional del presidente, y ese puesto lleva implícita una confidencialidad (…) Es un privilegio constitucional y levantar ese privilegio supondría un precedente para futuros presidentes y para el funcionamiento apropiado del Gobierno», insistió.
Sin saber en qué quedarán las peticiones de convocar testigos, la Casa Blanca parece haber empezado a protegerse de potenciales daños futuros.
En una carta al abogado de Bolton filtrada a los medios, un alto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional prohibió al exasesor la publicación, tal y como está, de un libro que prepara y cuyo borrador había enviado para su revisión a la Casa Blanca, porque «parece contener cantidades significativas de información clasificada».
Según extractos obtenidos por The New York Times, Bolton asegura en su libro que Trump le dijo en agosto que «quería continuar congelando los 391 millones de dólares de asistencia de seguridad a Ucrania hasta que los funcionarios ucranianos lo ayudaran con las investigaciones» a los Biden, algo que ha negado el presidente. EFE
