Dentro de los vicios de la politiquería, se encuentran algunos muy identificables, como por ejemplo los cambios de camiseta, los financiamientos dudosos de las campañas electorales, las ofertas demagógicas, los pactos turbios, etc., pero el “doble discurso”, aquel vicio denigrante que consiste en emitir un criterio sobre tal o cual asunto y luego, sobre el mismo tema pronunciarse en sentido opuesto o contrario, es una de las “armas” más vergonzosas al servicio de los politiqueros, y “paradigma” de la falta de ética y moral. El ex presidente Correa era un verdadero fanático para endilgar el calificativo de “doble discurso” a ciertas actitudes asumidas por la oposición a su gobierno, y con ello pretendía ocultar que los “reyes del doble discurso” durante la década bailada, eran el mismo y los insignes miembros de su combo.
En pleno trámite del juicio por los sobornos electorales, sorpresivamente la mayoría del CNE, comandada por la señora Atamaint, entrega un informe sobre los gastos electorales del 2017, diciendo que los gastos de AP han sido “chuitas”, es decir, beneficiando al populismo izquierdista con tal decisión y dando un espaldarazo al correismo. Luego de una semana de tan desafortunado informe, la señora Atamaint, que cumplió una actuación desastrosa en las últimas elecciones en Los Ríos, recibe como premio los votos correistas y dos votos socialcristianos, en la comisión de fiscalización de la Asamblea, estos dos últimos, flor y nata de la extrema derecha ecuatoriana. El asambleísta Ramón Terán, hermano del actual prefecto fluminense, y una asambleísta manabita alterna que se prestó para hacerle el juego a la ausencia del habilísimo Daniel Mendoza. Doble discurso a la carta, a la izquierda cuando conviene, y a la derecha….también cuando conviene.
El criticado salvataje de Atamaint del juicio político, propiciado por una variopinta mayoría en la comisión de fiscalización, desnuda la vigencia de las viejas prácticas politiqueras en organismos como la Asamblea, llamados a dar ejemplo de pulcritud y honestidad. La ciudadanía debe identificar a los cuestionados actores y sancionarlos en las urnas. (O)
