Se ha difundido profusamente en estos días el hecho de que el Gobierno de Estados Unidos ha dictado cuando menos quince órdenes de embargo sobre casas y departamentos de propiedad de ecuatorianos involucrados en el caso de sobornos relacionados con la empresa estatal Petroecuador. Mientras los juicios se llevan a cabo en forma ágil en los Estados Unidos de Norteamérica, en nuestro país en cambio siguen dilatándose los procesos. Mientras allá se ha incautado dineros y propiedades y varios implicados han decidido colaborar con la justicia para lograr penas menores, acá en cambio no se ha recuperado un centavo dentro de esta causa.
Los niveles de corrupción a los que se llegó durante el pasado gobierno son gigantescos si se considera los montos del caso sobornos que solamente es uno de los tantos. Uno de los denunciantes ha señalado en estos días que los sobornos pagados por empresas privadas a altos funcionarios del correísmo, si bien son millonarios, quedan pequeños ante los montos que se habrían dado en el caso de las refinerías. Solamente la fallida refinería del Pacífico inaugurada pomposamente con presencia del dictador venezolano de aquel entonces costó un mil doscientos millones de dólares y el resultado fue un terreno aplanado en donde debía emplazarse.
Las leyes varían de un país a otro y los procesos tienen diferencias. Hay sistemas legales más expeditos y otros más formales y parsimoniosos. Sin embargo, en el caso que hoy nos ocupa, los resultados son tan diferentes que mientras en un país que no es afectado – salvo por el lavado de activos-como es Estados Unidos, los procesos han culminado exitosamente mientras que en el país que sufrió los efectos directos de esa corrupción, los procesos se tramitan lentamente y no se ha logrado recuperar nada. Un cambio radical en los sistemas de justicia, luce como una necesidad imperiosa a la luz de lo que está ocurriendo.
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