Durante la semana pasada se informó en estas páginas que, de los treinta y tres millones de dólares que la Empresa de Movilidad, Tránsito y Transporte (EMOV EP) presupuesta para el 2020, la mitad correspondería a rentas, multas e infracciones de tránsito. Se señaló en el reportaje que algo más de dieciséis millones de dólares esperan recaudarse en el presente año. Esta realidad viene motivando una serie de preocupaciones en la ciudadanía. Algunas personas han cuestionado el hecho de que una empresa municipal se nutra -en buena parte- del cobro de multas, es decir que se mantenga por acciones contrarias a la ley de algunos ciudadanos. Se ha dicho también que un presupuesto debe hacerse sobre realidades y no sobre una posibilidad incierta, como es la que crezcan las infracciones.
La Empresa de Movilidad cumple una importante función en la vida de la ciudad. Cuenca- en administraciones anteriores- reclamó la competencia sobre la planificación, organización y control del tránsito dentro del cantón, lo cual fue un paso importante para asumir competencias y combatir el centralismo. Es un ejemplo bueno de cómo los gobiernos de cercanía- como son los municipales- pueden manejar con más conocimiento y responsabilidad un campo tan delicado. Estas competencias en manos del estado central generalmente funcionan mal.
La EMOV es una institución cuencana que merece respaldo. Sin embargo, es importante que se tomen en cuenta las preocupaciones que frecuentemente expresa la ciudadanía. Entre ellas está aquella de que, con la imposición de sanciones monetarias fuertes se busca, no mejorar, sino simplemente recaudar fondos. Es igualmente constante la queja de que los controles se ejercen mayoritariamente sobre vehículos particulares, pasando por alto el transporte público. Se trata de una percepción- acertada o no- del público, que debe ser tomada en cuenta. Lo importante es educar, antes que sancionar.
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