La Contraloría General del Estado ha encontrado indicios de responsabilidad penal en el contrato de construcción del Hospital de Pedernales, en la provincia costera de Manabí, informó el órgano de control fiscal.
El contralor general del Estado, Pablo Celi, aprobó y remitió a la Fiscalía General «un nuevo informe con indicios de responsabilidad penal, derivado del análisis de auditoría sobre el contrato para la construcción del Hospital Básico de Pedernales«, reza un comunicado de la institución.
En el examen del proceso, por parte del equipo de control, se desprenden inconsistencias durante la ejecución de las etapas precontractual y contractual de centro hospitalario.
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Precisa el contralor que se descalificaron oferentes, sin que en el informe de la comisión técnica encargada de revisar las ofertas consten los motivos de esas decisiones.
«No se aplicó la normativa vigente en la evaluación de oferentes extranjeros», menciona el texto de la Contraloría antes de señalar que «tampoco se aceptaron los documentos que respaldaban su experiencia, argumentando que no se podía verificar su validez en el Ecuador».
Aunque se trataba de una licitación internacional, su documentación constaba en el idioma del país de origen, español, así como los montos de las obras que se presentaron transformados a dólares americanos, aclara.
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La Contraloría recalca que en relación al consorcio ganador, se identificó que el procurador común de la compañía adjudicada es también el gerente general de uno de los subcontratistas, lo que está prohibido, y que por ello, su oferta debió anularse.
«La experiencia se calificó sobre la base de certificados inválidos, de profesionales que no cumplieron los requisitos establecidos en los pliegos, siendo otro motivo para descartarla», abunda.
El 13 de febrero de 2020 se suscribió el contrato para la construcción del «Hospital Básico de Pedernales 30 camas», y el 3 de marzo se hizo efectivo el pago del 50% del anticipo, por el monto de 8.214.756 dólares.
El Consorcio Pedernales Manabí no justificó los movimientos bancarios de estos recursos, de los que apenas quedan 893.032 en su cuenta bancaria, aunque no se registran avances en las obras.
«Estos hechos configuran indicios de delitos en contra de los recursos públicos», concluye el comunicado.
La advertencia de la Contraloría se produce el mismo día en que las responsables de la Fiscalía General del Estado y del Ministerio de Gobierno anunciaron oficialmente que se conformarán equipos especializados para combatir cualquier acto de corrupción en Ecuador en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19. EFE
