OPINIÓN|
El sistema vigente de ordenamiento institucional a partir de la Constitución aprobada en el 2008, sufre de un mal superable solamente con la redacción y puesta en vigencia de una nueva Constitución, ese mal es la frondosidad para encubrir los designios reales de la autocracia de Rafael Correa. En efecto el hiperpresidencialismo es la tónica que de manera transversal cruza la redacción de aquella normativa, que en forma ampulosa proclama los derechos humanos, como el anzuelo para pescar a millones de adherentes que a su hora enganchó en un proceso siniestro de la historia de nuestro país.
En una perspectiva realista, nunca antes de ese período se acumuló tanta corrupción, al punto que el gobierno actual y los que vendrán, con el aporte ciudadano, es decir todos, seremos quienes paguemos su coste, incluso el descalabro de la seguridad social, de la salud y de la educación, con la abultada hipertrofia estatal, las obras y contratos públicos, a más de las acciones impúdicas de una clase que ostenta con cinismo inaudito, los beneficios de tal Kakistocracia. La multiplicación de los departamentos estatales implicó sostener el poder absolutista. Pero lo más grave, la maraña de normas y leyes, que en lo penal han terminado por beneficiar la impunidad, a la postre blindar la corrupción.
De tres a cinco funciones del Estado, dirigidas y controladas por el autócrata expresan el verdadero sentido de ese momento de crisis republicana y distorsión de la democracia, que hoy y para las nuevas generaciones deben ilustrar la recuperación urgente de los valores cívicos. (O)
