OPINIÓN|
El país sigue esperando una respuesta más ágil de la justicia y el gobierno sobre la red de corrupción que se instaló en varios hospitales públicos. Por una parte, la gente moría, se aceleraba la quiebra de empresas, crecía el desempleo, el país se paralizaba para evitar el contagios y médicos y personal de salud combatían a costa de sus propias vidas la pandemia. En la otra orilla, esa red mafiosa intensificaba sus atracos negociando medicina para los hospitales. Nada quedaba fuera de su voracidad, ni siquiera las fundas para cadáveres, que se vendían con sobreprecios.
El último episodio-hasta ahora- de esa historia de terror es el asesinato en una sórdida cárcel de un extranjero, relacionado con la venta de medicinas. Ese asesinato a una persona clave en las investigaciones y que por lo tanto debió merecer la protección del Estado para evitar que suceda lo que acaba de suceder, hace crecer la sensación de que el gobierno le sigue debiendo al país una explicación sobre estos oscuros negocios.
La lista de los involucrados en negociados el campo de la salud deja en claro que, salvo unas pocas excepciones, el resto de los que lucraban con la construcción de hospitales y la venta de insumos médicos eran huacharnacos. De dónde sacaron poder para hacer esos negocios millonarios, es una pregunta que sigue sin respuesta. Ese nivel de poder para hacer grandes negocios exclusivos, no les vino de la nada.
Decir que las investigaciones están a cargo de la Fiscalía, no basta para dejar las cosas como están. El gobierno ha hecho una buena tarea desmarcándose de la corrupción del correísmo, pero le falta aclarar el tema de los negociados en el campo de la salud. Y para no irse con esa sombra, solamente le quedan nueve meses. (O)
