EDITORIAL|
Extraño sería un día, en los últimos tiempos, en el que no se mencionara en los noticieros algún nuevo caso de corrupción. Es claro que, en varios Estados este grosero irrespeto a los dineros públicos se ha incrementado; circunscribiéndonos al nuestro es importante reconocer que, ya no se los oculta por diferentes medios, como ocurría en el anterior gobierno, con frecuencia, agrediendo y amenazando por parte del ejecutivo a quienes “se atrevían” a desprestigiar al “mejor gobierno de todos los tiempos. La justicia ha dejado de ser manipulada y jueces y fiscales amenazados en los procesos que se seguían. El periodismo, al respetarse su libertad, ha contribuido al destape.
A muchas personas sorprende que de alguna manera los procesados permanecen impunes y que las sentencias definitivas llevan mucho tiempo. Hay que considerar que en nuestro sistema de proceso judicial –como ocurre en otros países- es demasiado lento y que sería importante establecer reformas para agilitarlos, recurriendo al aceleramiento de los procesos de comunicación, sobre todo en la informática. La actual fiscal –de muy reconocida actuación- ha manifestado que, en su área el número de fiscales es demasiado insuficiente, lo que contribuye a la lentitud que algunos consideran inexplicable. Estas limitaciones no se pueden cambiar por decreto, pero habría que implementar políticas a corto y mediano plazo.
Hay que reconocer que en el actual gobierno ha habido importantes cambios en este aspecto y que permanece en prisión el vicepresidente, alter ego de Correa y que el ex presidente ha recibido en última instancia una sentencia de ocho años de privación de la libertad. Estos casos demuestran que, si se puede administrar justicia en todos los niveles y que, en términos reales, opera la igualdad de todos ante la ley. No creemos que se ha llegado a la perfección, pero sí que se han dado pasos importantes que van más allá de los discursos y declaraciones. Esperamos que, en este campo, igual ocurra en el próximo gobierno.
