OPINIÓN |
Recientemente, dos mil millones de dólares, en calidad de primer desembolso del crédito internacional concedido al país, por 7 mil ciento cincuenta millones, llegaron a la cuenta del Estado, a fin de aliviar la falta de liquidez que registra el presupuesto, lo cual, le ha impedido cumplir con apremiantes necesidades y demandas represadas, que van desde remuneraciones adeudadas, pago a proveedores, cancelación de los recursos que debe el Estado a los gobiernos seccionales y otros compromisos que, sin duda, con la cantidad en mención, el Gobierno no llegará ni mucho menos, a cumplir con la mayoría de sus deudas pendientes.
Por ello, se ha planteado la cancelación escalonada de los crecidos montos que el Estado debe a nivel nacional y que el crédito concedido por cinco organismos multilaterales será, a lo sumo, un paliativo que no resolverá la crónica falta de liquidez, debido a una serie de causas, principalmente, la caída de los precios internacionales del petróleo y la pandemia.
Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional y los restantes organismos que han concedido los nuevos créditos, no lo han hecho sin una contrapartida que se exige al país, mediante varios condicionamientos, como la subida del IVA en tres puntos, reformas financieras profundas, reducción en tres mil millones de dólares del gasto público y nuevos impuestos, entre ellos, uno a los combustibles. Como se ve, estas condiciones son draconianas y buscan, según la óptica de los organismos internacionales, sanear la economía ecuatoriana en estado de crisis. Adicionalmente, y como no podía ser de otra manera, se exigen acciones firmes contra la corrupción institucionalizada a todo nivel.
Cuando a la actual Administración le faltan escasos meses para la finalización de su mandato, de hecho, las dolorosas medidas que deberá asumir el Estado, las tendrá que realizar el próximo gobierno, aunque, lógicamente, en elecciones ningún candidato querrá asumir este hecho ineludible.
