EDITORIAL|
Los medios de comunicación alertan sobre la reactivación del tráfico ilegal de personas. Este delito, conocido también como “coyoterismo”, ahora encuentra en la crisis económica causada por la pandemia otro terreno fértil para perjudicar a incautos ciudadanos.
La oleada migratoria de los indocumentados tiene como destino los Estados Unidos. Siempre lo fue, sobre todo la que se origina en Azuay y Cañar.
Acaba de difundirse información que da cuenta del drama que viven comunidades del cantón Chordeleg. Su jefe político dice conocer que unos 250 coterráneos se marcharon en los últimos meses.
Según esta autoridad se han reducido las actividades turísticas y artesanales. La gente está sin trabajo y endeudada. Algo similar ocurre en el resto del país.
Familiares de dos jóvenes de aquel cantón que partieron en agosto pasado se lamentan por no saber nada de ellos. Hipotecaron sus casas.
Días atrás se informó que de 2500 repatriados no hace mucho tiempo, 1100 son del Azuay, 400 del Cañar y 200 de Morona Santiago. Son cifras reveladoras del fenómeno migratorio irregular.
Tal parece que la no necesidad de visa para ingresar a México envalentona a la gente, y los “coyotes” la toman como oportunidad para su inescrupuloso negocio.
Según la Coordinación Zonal 6 del Registro Civil, hay ciertas “agencias de viajes ilegales” y las “que trabajan por la izquierda”, que para obtener pasaportes acaparan turnos disponibles en la Web de la entidad con el fin de revenderlos. ¿Revenderlos?
Y ya se sabe que la mayor cantidad de esos documentos es para ir México, pretextando viajes de turismo.
Los potenciales migrantes, imbuidos por los traficantes, creen que desde allí cruzar a Estados Unidos es fácil, ignorando que se exponen a la narcoviolencia, a ser robados, chantajeados, violados, cuando no asesinados.
Urgen los controles, como urge que la gente medite, cuando llevada por la necesidad económica se arriesga y migra como indocumentada a un país también afectado y muy severamente por la pandemia.
