La ministra ecuatoriana de Gobierno, María Paula Romo, declaró este sábado ante una comisión legislativa que evalúa la apertura de un juicio político en su contra, donde defendió la acción de la Policía en las protestas de octubre de 2019 y señaló que se enfrentaban a «violencia extrema».
«La Policía respondió a la violencia extrema que hubo en octubre de 2019», dijo Romo al ejercer su derecho a la defensa en la Comisión de Fiscalización y Control Político, que preside Elio Peña, para el tratamiento de la solicitud de juicio político en su contra.
Aseguró que el Gobierno reconoce el derecho a la protesta en democracia, pero afirmó que en octubre del año pasado hubo una multiplicidad de actores, desde quienes sí demostraron un malestar por las medidas económicas, hasta quienes «buscaban subvertir el orden, crear el caos, con acciones de violencia organizada», según declaraciones reproducidas en un comunicado del parlamento.
MINISTRA ASEGURA QUE SE RESPONDIÓ A VIOLENCIA EXTREMA
Las protestas de 2019 se originaron tras un decreto presidencial que anulaba históricos subsidios a las gasolinas y derivaron en un parón nacional con decenas de miles de manifestantes en las calles y carreteras del país.
«No es correcto hablar de los hechos de octubre como si hubiera sido igual a lo que ocurre en un día cualquiera. La Policía respondió a la violencia y el caos que se produjo en el país», dijo.
Romo respondió una a una las acusaciones formuladas por los legisladores interpelantes, respaldándose en las funciones asignadas en la Constitución y en el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Pública, relató el parlamento en su comunicado.
La funcionaria indicó que la Policía es quien asume la responsabilidad de mantener el orden público: «defiendo y respaldo las actuaciones operativas que se dieron en el momento», subrayó.
En torno al uso de algunas bombas lacrimógenas caducadas, la secretaria de Estado reiteró que estas no generan daño a la población, si acaso pierden parte de su eficacia y presentó informes para avalar ese punto de vista.
CUESTIONAMIENTOS A ACCIÓN DE LA POLICÍA
Respecto del cuestionamiento por el supuesto lanzamiento de bombas lacrimógenas en las llamadas por los manifestantes como zonas de paz, que consta en la solicitud de juicio político, Romo dijo que se confunde el derecho de guerra con lo ocurrido en octubre de 2019.
En caso de guerra existen las zonas de combate y las zonas de paz, en el caso del año anterior, no había una zona de combate y si los efectos de las bombas llegaron a predios universitarios, aclaró que, en su momento, pidió las debidas disculpas y asumió el compromiso que eso no volvería a ocurrir.
Sobre la tardía convocatoria al Comité Interinstitucional de Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación, Romo enfatizó que, sin ser su competencia, frente a la retención de periodistas en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Quito, activó el Comité y con ello se hizo posible la liberación.
Afirmó que «no existe ni un solo fallecido por responsabilidad o por disparo de arma de fuego de la Policía; los muertos responden a accidentes, a incendios provocados por los manifestantes, entre otros lamentables hechos que se registraron en octubre», reza el escrito.
Tras la intervención de Romo, hubo varias rondas de preguntas formuladas por los interpelantes Roberto Gómez, Amapola Naranjo y Lourdes Cuesta, así como los asambleístas miembros de la Comisión Bairon Valle, Mercedes Serrano, Esteban Melo, Absalón Campoverde, Rodrigo Collaguazo y Dennis Marín.
«Queremos un país en paz, que conozca la verdad; respaldamos a la Policía como institución, la cual no es sujeto de juicio político, esto debe quedar absolutamente claro», dijo el presidente de la comisión al clausurar la sesión, que duró cinco horas y media.
De esta manera, el organismo fiscalizador cerró la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de Romo y, a partir de mañana, corre el plazo de cinco días para que la mesa presente el respectivo informe.
El viernes, dirigentes indígenas y familiares de víctimas de las manifestaciones de octubre de 2019 presentaron testimonio ante la Comisión de Fiscalización.
Los dirigentes indígenas Leonidas Iza y Jaime Vargas presentaron material audiovisual para demostrar el uso de armas durante las manifestaciones como pruebas de cargo contra Romo, a la que acusan de haber permitido un «uso excesivo de la fuerza» contra los manifestantes. EFE
