Durante los ocho meses de pandemia, el Servicio Integrado ECU 911 ha recibido a nivel nacional 1’497.387 llamadas de emergencia falsas, lo cual entorpece la atención de incidentes reales, provoca el desperdicio de logística e incluso ha dejado pérdidas económicas por casi USD 4 millones. Para evitar que esto siga pasando, se propone el cobro de multas por hasta USD 1.000, que se cobrarán a través de las planillas de telefonía fija y celular.
La primera vez, se sancionará con USD 100; en la segunda ocasión se cobrarán USD 400 por la reincidencia; la tercera vez, la multa será de USD 100, una segunda infracción; la cuarta vez se cobrarán USD 400, por la segunda reincidencia. La máxima sanción equivale a USD 1.000.
Sin embargo, esta es una propuesta del ECU 911 que deberá ser aprobada por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), pues actualmente rige el Acuerdo Ministerial 026, que establece una multa de USD 100 para la primera ocasión que se cometa la infracción y USD 300 adicionales cada vez que se reincida.
La decisión de reducir los montos, según informó Juan Zapata, director del ECU 911, se debe a los casos reales que se han registrado, pues la persona que lidera la lista de los infractores ha realizado hasta el momento 1.236 llamadas irregulares, lo que equivaldría a una multa de USD 309 mil. “Esto sería impagable y la finalidad principal no es el aspecto económico, sino el evitar el uso inadecuado”, dijo.
El monto de afectación al ECU 911, que se ubicó USD 3’833.310, se determinó calculando que una llamada indebida le cuesta al país USD 2,56, a esta estimación se llegó considerando aspectos de logística y tecnología, costos productivos y no productivos, devaluación de mobiliario y equipos, servicios básicos y telecomunicaciones.
Además, se estima que las 1’497.387 llamadas realizadas equivalen a 50 días de trabajo en todos los centros de atención del ECU 911, solo la persona que más llamó habría realizado al menos 20 llamadas diarias. (I)
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