El futuro prometedor para la minería en Ecuador que, según proyecciones presentadas en junio del año pasado por el Gobierno alcanzaría en el 2021 inversiones equivalentes al 4 % del Producto Interno Bruto (PIB), poco a poco se diluye en medio de fallos judiciales, consultas antimineras, falta de una legislación de consulta previa, la incertidumbre frente a una posible decisión de la Corte Constitucional (CC) para incluir en las zonas prohibidas a los bosques protectores y la oposición de los habitantes de las zonas de influencia.
El próximo domingo 13 diciembre vence el plazo otorgado por la CC para que se emita la Ley de Consulta Previa, pero hasta el momento, según informó César Vásquez, viceministro de Minas, el proyecto sigue en análisis del Ejecutivo y todavía no hay fecha para ser remitido a la Asamblea Nacional para su análisis y aprobación, lo que sí tiene claro, es que no se cumplirá en el plazo que les otorgaron.
Andrés Ycaza, síndico de la Cámara de Minería del Ecuador, señaló que sobre este tema se han presentado hasta el momento por lo menos 20 proyectos de ley, en todos han argumentado sus propuestas como sector empresarial, sin que ninguno hasta el momento sea debatido y analizado en el Legislativo.
Fernando Benalcázar, quien el pasado 5 de octubre renunció a su segundo período como viceministro de Minas, puntualizó que durante este Gobierno y a raíz de la resolución de la CC, se trabajó intensamente en la elaboración de la norma, pero recordó que la obligación de realizar una consulta previa a las comunidades aledañas a los proyectos extractivistas rige desde la promulgación de la Constitución de Montecristi, en el 2008, durante los 10 años del anterior Gobierno no se hizo nada para regularla a nivel de una legislación secundaria.
Consecuencias
El ejemplo claro de los efectos de la falta de esta norma fue lo ocurrido en el proyecto Río Blanco, ubicado en Cuenca. El 1 de junio de 2018, el juez Paúl Serrano, de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Azuay, ordenó la suspensión de toda actividad minera en las concesiones por la vulneración del derecho del debido proceso a la consulta previa, libre e informada en la comunidad de Molleturo.
Días antes, se habían registrado los primeros enfrentamientos de un grupo de pobladores que se oponían al proyecto. El 3 de agosto de 2018, en la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Azuay se ratificó el fallo de primera instancia que suspendió el proyecto minero Río Blanco, lo cual implicó detener las actividades mineras y la desmilitarización de la zona. (ASM)-(I)
